La Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, denunció ayer en la comisión del pleno de Sugerencias y Reclamaciones la "existencia de molestias reiteradas y no resueltas" derivadas del servicio de recogida de basuras de Emaya que, "prolongadas en el tiempo, podrían haber generado o generarán afecciones sobre la salud de los vecinos".

La denuncia se plasma en una extensa "recomendación" en la que también la Defensora se dirige por primera vez "al conjunto de la ciudadanía" invocando "la corresponsabilidad de toda la comunidad sobre el entorno y el medio ambiente". Por ello, se insiste en el "derecho que todos tenemos a un medio ambiente adecuado y también el derecho a mantenerlo".

Esta resolución se basa en el estudio de "16 puntos negros en la recogida de basura" reiteradamente denunciados por los ciudadanos y en los que Emaya, a lo largo de estos dos últimos años, pese a tener conocimiento de su existencia, no ha adoptado "medidas efectivas" para resolver la situación.

Moilanen recuerda que "existen derechos que prevén la protección de la ciudadanía" que "son vulnerados ante la incapacidad de la Administración local para aplicar actuaciones efectivas". Asimismo, insiste que el Ayuntamiento tiene por ley "competencias y obligaciones propias" que instan a la obligatoriedad de disponer de un servicio de recogida de basuras "sin que cause molestias por ruido u olores y que va más allá del simple intento de minimización".

La Defensora abunda en su extensa "reclamación" de once páginas que su oficina ha comprobado la existencia de actuaciones que, "pese a su ineficacia, muestran la voluntad de los responsables de Emaya para minimizar las molestias que afectan a la ciudadanía".

Peticiones

En la línea de "dar respuesta efectiva" a las reclamaciones de los ciudadanos, Moilanen hace una serie de propuestas a la compañía pública que incluyen, entre otras medidas, "el mantenimiento de la planificación del servicio, los refuerzos y las inversiones actuales".

También insta a la empresa a "diseñar nuevas actuaciones con la complicidad y corresponsabilidad de la ciudadanía" y a "estudiar y aprovechar la normativa y los recursos propios para reconducir las conductas incívicas y, si es preciso, activar el procedimiento sancionador con todas las consecuencias para que el peso de la ley caiga sobre los infractores". Pide también una mayor coordinación entre áreas y que se "diseñen soluciones diferenciadas para casos distintos".

De esta forma, estas líneas estratégicas se podrían concretar, según la Defensora, en mayores acciones en materia de educación y concienciación y el incremento de la labor inspectora. También se debería reconsiderar la reubicación de contenedores de forma estacional, con especial contundencia en los puntos más conflictivos.

Asimismo, propone intensificar la recogida en horario diurno, estudiar la instalación de sistemas de video digital y mejorar las respuestas al ciudadano.