El grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Palma teme que la modificación de la ordenanza para el uso cívico del espacio público, conocida como antibotellón, no se podrá aplicar hasta el próximo mes de agosto, en plena temporada turística. Los conservadores se reunieron ayer con vecinos de la Platja de Palma, con los que compartieron su preocupación de que la Policía Local no disponga de esta herramienta que consideran imprescindible para controlar la venta ambulante o el denominado turismo de borrachera.
Además, los conservadores insisten en la necesidad de que la modificación de esta norma, no solo contemple medidas contra la venta ambulante ilegal, sino que también incluya los puntos contemplados en la ordenanza cívica derogada en materia de trile y la posibilidad de multar a los clientes de las prostitutas.
