Los ambulatorios, gasolineras, museos, polideportivos, cuarteles, conventos, monasterios, centros de culto, puertos deportivos, instalaciones aeroportuarias y portuarias, la Universitat y la cárcel tendrán una tarifa específica para el pago del coste del tratamiento de la incineración de basuras.
En estos momentos el coste del tratamiento de los residuos sólidos urbanos que generan estas actividades económicas no están reguladas con una tarifa específica, lo que no quiere decir necesariamente que no se les cobre la tasa de incineración, puesto que pueden estar incluidas en otros epígrafes o en el apartado de "recogidas especiales" contemplada en la ordenanza actual.
No obstante, desde el departamento de Hacienda del ayuntamiento de Palma se desconoce a ciencia cierta si todas las anteriores actividades económicas abonan la incineración, de ahí que se quiera establecer esta tarifa específica. Hacienda va a contratar un estudio a una empresa especializada con el fin de determinar el coste total que debe soportar el Ayuntamiento para hacer frente al servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos, cuyo coste fija el Consell de Mallorca en función de un precio por tonelada de basura, aunque los Ayuntamientos son los encargados de distribuirlo entre los productores y de cobrarlo. Este estudio, va a repartir este coste entre los diferentes generadores de residuos, además de incorporar nuevas tarifas de actividades que ahora no se contemplan como tales.
También se prevé incluir la recogida puerta a puerta en las nuevas tarifas de la ordenanza, de acuerdo con la nueva ordenanza general de limpieza.
Atendiendo al resultado del trabajo se elaborará una nueva ordenanza fiscal que distribuya el coste del tratamiento de los residuos sólidos urbanos entre todos los generadores de residuos domésticos de la ciudad, ya sean personas físicas o jurídicas, que desarrollen una actividad social o económica.
La actual ordenanza, que distribuye los costes de la incineración, utiliza los mismos baremos que la de la recogida de basuras, cuyos criterios, basados en el consumo de agua potable, datan de hace más de treinta años.
De esta forma, los 31,1 millones que abona el Ayuntamiento al Consell en concepto de incineración, se distribuyen de la siguiente forma: las viviendas y despachos profesionales pagan 22,1 millones; las oficinas y comercios, 2,2 millones; los hoteles y establecimientos, en conjunto y en función de varias categorías, 2,9 millones y las discotecas y salas de baile 79.000 euros.
