El área de Sanidad del Ayuntamiento de Palma estudia la aplicación de cierres cautelares de negocios por exceso de ruidos. La medida está incluida en la ordenanza municipal pero no se aplica por falta de medios, según denunció ayer la defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen.
La regidora de Sanidad, Antònia Martín, explicó ayer que los cierres cautelares de establecimientos "se están estudiando" y que el Ayuntamiento recurrirá a ellos cuando se incumpla la normativa de ruidos.
La concejala, en contra de lo que manifestó en una comisión municipal la defensora de la Ciudadanía, aseguró que desde inicios de esta legislatura se está multando por incumplir la ordenanza sobre ruidos.
Sin embargo, también admitió que en determinados casos de locales reincidentes será más efectivo ordenar un cierre cautelar en vez de imponer una sanción económica, multa que puede resultar insignificante en comparación con las pérdidas de ganancias que puede suponer un cierre preventivo. Hasta el momento, la falta de personal ha sido uno de los motivos por los que no se han decretado estos cierres, añadió Martín.
La concejala comentó que se estudia en qué circunstancias se ordenará un cierre cautelar para que este procedimiento sancionador sea lo más "escrupuloso" posible y para asegurarse que el sancionado no pueda recurrir la medida.
En este punto, Antònia Martín remarcó que la reincidencia en las infracciones será básica a la hora de ordenar un cierre cautelar.
Durante su intervención en la comisión de sugerencias y reclamaciones y derechos de la ciudadanía, Anna Moilanen reclamó más sanciones y cierres cautelares para acabar con "la sensación de impunidad" en cuestión de ruidos en Palma.
La defensora de la ciudadanía mencionó que un reciente estudio realizado por un técnico del área de Sanidad confirma que las diferentes legislaciones en materia de ruidos permiten imponer sanciones de entre 300 y 1.200 euros y decretar cierres de entre 3 días y cinco meses. "Es necesario aplicar medidas sancionadoras y cautelares que permite la ley", exigió Moilanen.
Expedientes enquistados
La oficina de la Defensora tiene sobre la mesa once expedientes de quejas por ruidos "enquistados, algunos desde hace muchos años", explicó Moilanen. Excepto dos, tras la creación de la comisión por ruidos se están "desbloqueando".
El expediente "más enquistado" cuya "situación ha empeorado" es el que atañe a las obras que se realizan en la calle Campaner, denunciadas en reiteradas ocasiones por los vecinos, recordó la defensora.
Sobre este caso, la regidora del PP Maria José Bauzá indicó ayer que el pasado día 6 de diciembre, festivo, a las ocho de la mañana los obreros trabajaban y los vecinos disponen de un vídeo donde queda demostrado.
"Tenemos pendiente una reunión con la regidora de Seguridad Ciudadana para preguntar qué pasa", comentó Moilanen sobre las denuncias relacionadas con este caso. "Cuando la obra termine en un mes o dos, la empresa dejará de existir. ¿Cómo se le aplica una sanción?", planteó la defensora, quien añadió que este tipo de circunstancias son las que crean "impunidad".
