Los aproximadamente medio centenar de habitantes de la urbanización Bellavista, situada en la Platja de Palma, están preocupados, y tienen razones para ello. Resulta que tras más de diez años de tramitación, se está a punto de aprobar el proyecto de dotación de servicios que permitirá legalizar esta urbanización, que aún no dispone de calles asfaltadas. Pues bien, con la creación del consorcio de la Platja de Palma, integrado por el Gobierno central, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, las competencias urbanísticas pasaron a depender de este órgano. La salida del Gobierno central del consorcio ha provocado que las demás administraciones hayan anunciado también su marcha, por lo que es una entidad en proceso de desaparición. De hecho, en el pleno de la semana que viene se aprobará la propuesta de separación de Cort del consorcio, aunque se pondrá una coletilla en la que se instará a este organismo a que apruebe el plan de Bellavista antes de su disolución definitiva.
Sobre reválidas y cambios de opinión
El concejal de Movilidad de Cort, Joan Ferrer, suspendió al popular Fernando Rubio en junio cuando este solicitó la habilitación de una serie de estacionamientos disuasorios. En la comisión del pleno de ayer, sin embargo, aceptó una proposición similar, por ser, en su opinión, una propuesta "más trabajada". Por ello se permitió darle "un aprobado en la reválida de septiembre". Para Rubio, el cambio de Ferrer, no obstante, "es una rectificación en toda regla del concejal", algo que agradeció.
Seguridad jurídica
El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, afirmó ayer que la seguridad jurídica está garantizada en Palma a la hora de la concesión de licencias urbanísticas y que los retrasos de expedientes para solicitar más informes son un porcentaje insignificante, de milésimas, sobre 7.000 solicitudes anuales.
