El Ayuntamiento de Palma calcula que 200 personas se dedican de forma habitual a lo largo de todo el año a la venta ambulante ilegal tanto en la ciudad como en sus zonas turísticas.
La cifra aproximada se refleja en un informe elaborado por la comisión político-técnica creada hace un año para la integración social y laboral de estas personas "partiendo de la experiencia de los servicios sociales municipales y de Càritas". No se tiene en cuenta a "las personas que vienen a vender solo durante el verano".
De los resultados de las acciones realizadas a lo largo del pasado año se desprende, según se indica en el informe, que se ha conseguido la integración de un escaso número de personas que se dedican a esta actividad.
Asimismo, cuando se revisa la planificación y se propone "una nueva hoja de ruta para aplicar a partir de abril" del presente año, se insiste en la necesidad de "regular y ordenar la venta ambulante" puesto que "pese a que la ordenanza de ocupación de la vía pública prohíbe esta actividad, se continúa realizando poniendo en evidencia que no aporta ninguna solución a esta situación".
Catálogo de servicios
La comisión se ha propuesto también elaborar un catálogo exhaustivo de servicios y prestaciones formativas, laborales y de ciudadanía. Asimismo, se pretende la planificación de actuaciones para optimizar el uso de servicios y recursos disponibles, planificar actuaciones de acompañamiento si son necesarias y la creación de nuevos proyectos, talleres o cursos.
La comisión tiene como objetivo dar apoyo a proyectos de vida alternativos a la venta ambulante, diseñar estrategias adaptadas a las distintas situaciones personales y administrativas, definir procesos de inserción social a corto, medio y largo plazo en función de los diferentes perfiles de las personas que se dedican a esta actividad y establecer mecanismos de interlocución con el colectivo de venta ambulante para prevenir conflictos.
El estudio ha detectado la existencia de al menos cuatro tipologías de personas que se dedican a esta actividad, con distintas posibilidades de intervención.
En el primer grupo se incluyen las personas cuya estancia en españa está regularizada y que conocen el castellano. Muchos de ellos se van a Senegal en temporada baja, hecho que dificulta la intervención.
Un segundo grupo está integrado por personas cuya situación legal en españa es regular, pero que no conocen el castellano. En este caso, además de que también muchos de ellos se marchan a Senegal en invierno, se necesita practicar los conocimientos adquiridos en los cursos.
Un tercer grupo lo componen personas que se encuentran en situación irregular, aunque conocen el idioma. En este caso ninguno de ellos dispone de trabajo normalizado, aunque tienen muchas posibilidades de inserción, puesto que, en general, "es gente preparada".
Por último, un cuarto grupo está integrado por personas en situación irregular y que no conocen el idioma. En este caso, se les ofrecen cursos de castellano por parte de Càritas y de los servicios sociales.
