Germán Chacártegui, que entre 2008 y 2009 fue jefe del área de Medio Ambiente de la empresa municipal de aguas y basuras de Emaya, durante la época de UM (Unió Mallorquina), se declaró ayer culpable de haber desviado cerca de 14.000 euros públicos para favorecer a un comercial de una empresa proveedora. Chacártegui, defendido por el bufete de Juan José Cano de Alarcón, deberá pagar una multa total de 2.340 euros.

El acusado fue uno de los imputados en el caso Ossifar, una presunta trama de desvío de fondos liderada por las responsables de Emaya durante aquella legislatura, Magdalena Tortella y Cristina Cerdó.

El grueso de este sumario fue archivado y ayer se enjuició un pequeño fleco en el juzgado de lo penal número 5 de Palma.

La defensa y la fiscalía pactaron un acuerdo de conformidad antes de la apertura de juicio oral y ayer se ratificó ese acuerdo. La fiscalía aceptó aplicar al acusado cuatro atenuantes: la de toxifrenia en la época de los hechos, la de dilaciones indebidas, la de confesión y la de reparación del daño.

Por su parte, el extécnico de Emaya se declaró culpable de tres delitos: prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales.

Según el escrito de acusación, Chacártegui aceptó dar un trato de favor a un empleado de la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., que había ganado, en julio del 2008, un concurso para suministrar a Emaya cuatro camiones con barredora.

La entrega de los vehículos se retrasó bastante respecto a la fecha prevista en el pliego de condiciones. La empresa municipal no recibió las barredoras hasta abril del 2009, pero cuando llegaron los camiones el acusado comprobó que no estaban pintados ni rotulados como se había pactado.

Repintados por Emaya

Chacártegui, para favorecer al comercial e impedir que perdiera su comisión por este concurso, aceptó que las barredoras serían repintadas por Emaya. De esta forma los vehículos fueron pintados con cargo a otra partida.

De acuerdo con la fiscalía, Emaya sufrió unas pérdidas de casi 14.000 euros por estos hechos. El condenado fue un imputado arrepentido y ante los investigadores acusó a Cerdó y Tortella de irregularidades sobre unos contenedores soterrados.