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Informe

Los casos de corrupción ponen al borde del colapso a Cort

Siete departamentos municipales están al borde del colapso a causa de la investigación judicial sobre algunos de sus funcionarios

Medio centenar de  funcionarios han sido  o están siendo  investigados  judicialmente por  presuntos casos de   corrupción.

Medio centenar de funcionarios han sido o están siendo investigados judicialmente por presuntos casos de corrupción.

En el juego del ajedrez jaque al rey significa una amenaza inmediata de muerte. Si sobre el tablero en la posición del rey se pone la administración municipal del Ayuntamiento de Palma, se puede afirmar que se encuentra en la misma situación, o si se prefiere, al borde del colapso, debido a los casos de corrupción que se están investigando judicialmente desde 2013.

En ellos hay o ha habido implicados medio centenar de funcionarios, municipales, cuarenta de los cuáles están o han estado en la situación judicial de investigados y "entre 15 y 20" han pasado por los calabozos policiales o por la cárcel por orden judicial, en algunas casos en varias ocasiones.

La imprecisión sobre la situación judicial de los funcionarios presuntamente implicados se debe, según la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi, a que "varía en cuestión de días o semanas", aunque, lógicamente, se dispone de información exacta de cuál es en cada caso.

Si bien las primeras actuaciones policiales y judiciales se centraron exclusivamente en la concejalía de Seguridad Ciudadana, con el presunto apaño de unas oposiciones de ascenso a oficial, cuestión que se destapó en 2013 tras las detenciones de los Ángeles del Infierno, poco después se encontraron derivaciones, a raíz de las investigaciones de la Patrulla Verde de la Policía Local, en los departamentos de Licencias de Actividad, dependiente de la concejalía de Urbanismo, y en la concejalía de Salud, que tramita las denuncias por excesos de ruidos.

Entre medio, a raíz de las sospechas de que el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el concejal y diputado Álvaro Gijón, según el juez Penalva, tramaban crear una policía al servicio del partido, se ha iniciado otra línea de investigación en la que se incluyen episodios de trato de favor a empresarios de la Platja de Palma y del paseo Marítimo y otros de represalias si los dueños de los establecimientos no se doblegan a los presuntos corruptos.

La conexión política

En este momento los únicos políticos investigados son precisamente Rodríguez y Gijón. El primero no se puede acercar a más de 300 metros del cuartel de Sant Ferran, de Urbanismo y de Cort, mientras que el segundo está imputado, aunque tanto uno como otro han negado todas las acusaciones.

Con la investigación judicial del contrato de la ORA, las sospechas se extendieron a más departamentos municipales, entre los que se incluyen los de Movilidad y Contratación, además del personal de Intervención y Servicios Jurídicos que participó en la propuesta de adjudicación de la gestión de los estacionamientos de pago en superficie.

La detención del empresario Antoni Roig, cuya compañía, en solitario o asociada con otras, gestiona servicios municipales por un importe de más de cincuenta millones, ha puesto en el punto de mira a otros departamentos y organismos dependientes de Cort, como el de Infraestructuras, por gestionar esta empresa asociada con otra, una parte del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, además de la contrata de las escuelas públicas de Educación Infantil y Primaria existentes en la ciudad.

La denuncia del Institut Municipal de l'Esport (IME) por presuntos pagos de trabajos no realizados y sobrecostes de servicios, que se ha sustanciado hace dos semanas con la detención de cuatro personas, entre ellas este mismo empresario, su gerente, el exgerente del IME y un empleado de este instituto municipal, pone la lupa sobre posibles corruptelas en otros organismos municipales.

El alcalde, José Hila, acepta que los casos de corrupción han desmantelado de técnicos los departamentos afectados, puesto que "no podemos poner a nadie en su lugar, ya que hay que respetar la presunción de inocencia". Para el alcalde, "si con los pocos técnicos que teníamos ya era complicado gestionar el día a día, si encima algunos están siendo investigados, todo es más difícil".

El factor humano

La primera autoridad municipal también indicó que hay que tener en cuenta el factor humano. "Trabajamos con personas, por lo que los compañeros de los funcionarios señalados en los procedimientos judiciales también se ven afectados".

De ahí que "ahora los funcionarios lo miran todo tres veces antes de firmar nada, por lo que se complica el día a día". No obstante, Hila afirma que, pese a todo, "estamos haciendo muchas más cosas que en la pasada legislatura". Y concluyó: "Somos el primer gobierno al que le toca cambiar la ciudad y, a la vez, afrontar una situación de presunta corrupción en el Ayuntamiento de estas dimensiones".

Esta situación se traduce en la paralización en la aprobación de nuevos pliegos para servicios municipales cuya concesión ha finalizado, lo que obliga en muchos casos a prorrogarlos sin poder introducir las mejoras deseables en el servicio. Este es el caso, por ejemplo, del servicio de la grúa, prorrogado desde hace más de un año y con los nuevos pliegos sin aprobar desde hace meses.

La parálisis en el departamento de Salud en relación a los expedientes de ruidos también es otra consecuencia derivada de los casos de corrupción investigados. Desde hace más de un año el departamento carece del ingeniero superior que debe informar los expedientes y los intentos para contar con otro han sido infructuosos.

En Seguridad Ciudadana, se han vivido los momentos más dramáticos, con prácticamente toda su anterior cúpula desmantelada. En estos momentos dos de sus comisarios siguen suspendidos de empleo y sueldo. Esta situación ha provocado, además del desmantelamiento en la práctica de unidades como la de la Patrulla Verde, retrasos de un año en la implantación del nuevo modelo policial, porque, entre otras cosas, era más importante encontrar un nuevo jefe.

En Licencias de Actividad se han introducido cambios en la organización de tal forma que ahora no es el mismo funcionario quien tramita un determinado expediente, sino que pasa por varias manos.

Siguiendo con las reglas del ajedrez, si Cort como administración está en jaque, la amenaza se elimina capturando al atacante (a los corruptos), interponiendo una pieza entre éste y el rey o moviendo el rey a otra casilla que no esté amenazada. Solo son posibles las dos primeras opciones, de ahí la necesidad de la actuación policial y judicial para que la partida acabe a favor de los ciudadanos.

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