Una auditoría encargada por el departamento de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma ha puesto de manifiesto que el coste del servicio de la grúa, que presta la empresa Dornier, es muy elevado en relación a las prestaciones que da.
Este servicio fue adjudicado en 2010 a esta empresa por un importe de 12,8 millones a razón de 3,2 millones anuales y por un período de cuatro años, que ya ha sido ampliamente rebasado hasta el punto de que en estos momentos se encuentra, según el departamento de Intervención de Cort, "prorrogado de facto".
Lo anterior quiere decir que el Ayuntamiento no dispone de partida presupuestaria para hacer frente al coste del servicio, por lo que se debe ir autorizando el gasto de forma periódica.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, como consecuencia de este estudio interno, planteó rebajar considerablemente el precio de salida en los pliegos de condiciones para la próxima adjudicación.
No obstante, finalmente se ha optado por mantenerlo en términos similares con el fin de que el nuevo concesionario, tanto si es el actual como si se adjudica el servicio a otra empresa, pueda mantener sin problemas el mismo número de empleados actuales.
En el nuevo pliego de condiciones, que ya cuenta con la aprobación de los Servicios Jurídicos municipales y que ahora se encuentra a estudio en el de Intervención, se han introducido mejoras en relación a las prestaciones actuales. Entre ellas, por ejemplo, un mayor control por parte del departamento de Seguridad Ciudadana del trabajo efectivamente realizado por el concesionario.
Descartada la municipalización
También se ha descartado volver a municipalizar el servicio, que fue externalizado a finales de los años noventa por un ayuntamiento presidido por el alcalde popular Joan Fageda, o que sea asumido por la Societat municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP), que gestiona los estacionamientos públicos municipales que no están en régimen de concesión.
La adjudicación de este contrato, que incluye el servicio de grúa, inmovilización, desplazamiento, depósito y retirada de vehículos de la vía pública a requerimiento de la Policía Local también está en el punto de mira de la investigación policial y judicial que afecta al contrato de la ORA.
Este último fue adjudicado en 2013 a la unión temporal de empresas integrada por Dornier, API Movilidad y Roig Obres Serveis y Medi Ambient por un importe 3,1 millones superior a la empresa que resultó segunda en el concurso, y que provocó el pasado lunes la detención de 13 personas, nueve de ellas funcionarios municipales y los exconcejales Gabriel Vallejo y Irene San Gil.
De hecho, el pasado martes inspectores de la Policía Nacional recabaron de Cort documentación relacionada con el contrato de la grúa.
El concesionario del servicio también se hace cargo del funcionamiento del denominado depósito de ciudad, situado en parte de una planta del estacionamiento subterráneo de Sa Riera, además del de Son Toells. Puso a disposición del servicio 10 grúas, tres furgonetas, una furgoneta para cepos y un camión.
