El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Sitemaya), con presencia mayoritaria tanto en el área de Aguas como en Medio Ambiente, ha alertado del blindaje que determinados mandos intermedios quieren procurarse ante el previsible cambio en el gobierno municipal y, en consecuencia, en la dirección política de la empresa.
Tal como denuncia este sindicato, considerado habitualmente próximo a las tesis de la empresa y de su dirección, determinados cargos intermedios nombrados "a dedo" después de las pasadas elecciones municipales han solicitado la reducción de su jornada laboral para el cuidado de menores y familiares acogiéndose al artículo 37-5 del Estatuto de los Trabajadores.
De esta forma, mientras dure su situación de jornada reducida por esta causa, según denuncian desde el sindicato, se garantizan que no puedan ser despedidos. Al respecto, recuerdan que el referido artículo del Estatuto de los Trabajadores considera como despido nulo el que se realice estando el trabajador afectado disfrutando de la jornada reducida para el cuidado de menores y familiares. Desde este sindicato, que cuenta con siete de los 21 representantes en el comité de empresa de Medio Ambiente, aunque el disfrute de jornada partida para el cuidado de un familiar dependiente "es un derecho reconocido por la Ley, no deja de sorprender el ejercicio del mismo en el momento próximo al cambio directivo-político en Emaya, quedando blindados de esta forma contratos temporales". Por ello, "dado la alarma que tales hechos supondrían y con el fin de solventar interpretaciones desafortunadas", las secciones del área de Aguas y de Medio Ambiente de este sindicato han solicitado al presidente de Emaya, Andreu Garau, que "la dirección/gerencia de la empresa facilite el listado de los trabajadores que a día de la fecha estén disfrutando de los permisos y excedencias al amparo del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores". Desde el sindicato recuerdan que tanto el gerente, Pedro Campaner, como el director de Recursos Humanos, Carlos Nadal, y el director de operaciones, Miguel Gallardo, fueron contratados "sin convocatoria de plazas ni publicidad ni concurso de selección" en un proceso que califican de "pura designación política", aunque aceptan que se les hizo un contrato de relevo, con una duración predeterminada, finalizando su relación contractual cuando acabe la del relevista a quien sustituyen.
