Los tres policías para quienes la jueza Carmen González dictó ayer prisión provisional eludible con fianza por múltiples presuntos delitos de corrupción han evitado la cárcel a abonar esta mañana las cantidades que se les reclamaban.
Estos tres agentes municipales son los principales imputados en una operación en la que han sido detenidos nueve policías, dos de ellos retirados, por indicios de cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, negociaciones prohibidas, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, coacciones, amenazas y tentativa de simulación de delito.
También están imputados el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, y el jefe de la Policía Local, Joan Mut, a quienes la jueza señala por amparar y privilegiar a los presuntos corruptos, así como obstaculizar a los agentes que denunciaban las actuaciones ilegales de compañeros y superiores.
Los tres policías para los que la instructora dictó prisión provisional con fianza han consignado en el juzgado de instrucción 12 de Palma 30.000 euros, dos de ellos, y 20.000 el tercero.
El jefe de la Patrulla Verde, detenido anteayer por su supuesta relación con el caso, quedó anoche en libertad con cargos tras prestar declaración, igual que otros dos agentes de esta unidad, que comparecieron como imputados pero no fueron detenidos.
Durante la instrucción se han recabado indicios de que los agentes imputados daban protección especial a locales de ocio nocturno y prostíbulos, principalmente de la Playa de Palma y el Paseo Marítimo.
Además, supuestamente avisaban a los empresarios de inspecciones, se las evitaban o las realizaban de forma irregular para ahorrales denuncias y sanciones.
Incluso se les atribuye la tolerancia del tráfico de drogas en locales de empresarios afines y el intento de provocar un presunto delito de narcotráfico en un establecimiento de la competencia.
A cambio, los agentes corrompidos disfrutarían gratis de alcohol, comida, servicios sexuales, y algunos incluso habrían participado en fiestas con prostitutas y drogas a costa de los empresarios a los que beneficiaban.
También existen indicios de que algún imputado habría conseguido contratos para empresas de su propiedad o de su entorno con empresarios que les recompensaban así por sus servicios o que se avenían a sus presiones.
La investigación ha puesto de manifiesto que los imputados defendían los beneficios que obtenían de estas prácticas corruptas frente a los compañeros que las cuestionaban mediante amenazas como las de pronunciar sus nombres cuando disparaban en las prácticas de tiro.
Se ha recogido el caso de un agente que dejó el cuerpo y se marchó de Mallorca ante el temor que le generó ser perseguido por una banda de motoristas tras denunciar la filtración de exámenes de ascenso que está en el origen de esta investigación.
La jueza, en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, aprecia indicios de que los máximos responsables de la Policía, incluido el concejal, protegieron y promocionaron a los agentes sobre los que existían sospechas, obstaculizando y perjudicando a quienes los denunciaban, como el agente del Grupo de Actuación Preventiva expedientado y trasladado el año pasado.
