La guerra desatada en el PP de Palma entre el alcalde, Mateo Isern, y el presidente de su junta territorial, José Maria Rodríguez, por la remisión a la fiscalía por parte de la primera autoridad municipal de presuntas irregularidades en la recogida neumática de basuras, tuvo ayer un nuevo capítulo en el pleno del Ayuntamiento.
Si bien no hubo enfrentamiento verbal por esta cuestión, todos los grupos municipales se sintieron en la obligación de aprobar por unanimidad una moción presentada por el PSOE que obliga al alcalde a que cumpla la ley y, en consecuencia, poner conocimiento de la fiscalía "cualquier actuación de cualquier legislatura, que presente indicios de presunto delito".
Una vez que José María Rodríguez y Mateo Isern hubieran escenificado el miércoles ante la junta territorial del PP la paz, los concejales conservadores no tuvieron ningún problema en aprobar también el primer punto de la moción socialista en la que "el pleno apoya al alcalde Isern y al señor Garau -teniente de alcalde de Infraestructuras y presidente de Emaya- en relación al traslado a la fiscalía de documentación relativa a actuaciones presuntamente delictivas en la instalación del sistema de recogida neumática".
Precisamente, esta remisión -que se produjo el pasado mes de julio- desató, a raíz de su conocimiento público como consecuencia de una declaración ante el juez de Andreu Garau, la cólera de José María Rodríguez, quien acusó al alcalde de ser "selectivo" en la denuncia de presuntos casos de corrupción.
La anterior maniestación hizo que tuviera que declarar como testigo el miércoles ante el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, al que entregó el informe de la Sindicatura de Comptes de 2009, en el que se detallan una serie de "excepciones en el cumplimiento de la legalidad". Esta cuestión también fue abordada en el pleno de ayer ya que el PP había presentado una moción en la que se insta al alcalde a llevar a cabo "todas las actuaciones y acciones necesarias para esclarecer las posibles responsabilidades que se puedan derivar de las excepciones al cumplimiento de la legalidad recogidas en el informe de la Sindicatura en relación a la cuenta general de 2009". En este punto se añadió una coletilla a propuesta del PSOE, que recuerda que es el propio el reglamento de la Sindicatura que "obliga a trasladar a fiscalía cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito. Asimismo, se solicitó a la Sindicatura que, junto con las cuentas generales de 2010, se fiscalicen los contratos y las subvenciones de este ejercicio.
Sospechas de favoritismo
Por otra parte, el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Gabriel Vallejo, anunció ante el pleno que se van a cambiar las bases para la contratación de un nuevo jefe de talleres que, en opinión del grupo municipal Més eran, "como mínimo, sospechosas de favoritismo", en palabras del portavoz de este grupo, Antoni Verger.
Las nuevas bases exigirán a los aspirantes tres años de experiencia en la dirección de talleres de automoción, aunque se elimina la posibilidad de que haya trabajado en navieras y compañías de aviación. Mantiene la exigencia de acreditar el nivel B2 de Inglés, como requisito, mientras que el conocimiento del catalán se considera como un mérito.
