La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado hoy una inyección de tesorería de 570.000 euros para este mes, 350.000 euros más de lo habitual, que se destinarán a las ayudas urgentes, para la gente "que lo está pasando mal".

Con este incremento "se podrá pagar a más gente en menos tiempo", ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Cort, Julio Martínez, que ha justificado este aumento en el compromiso del equipo de gobierno municipal de "estar al lado de la gente que más lo necesita".

Se trata de una "inyección de liquidez" que se ha decidido aprobar no porque se haya detectado un incremento de personas que la solicitan sino porque se ha notado que existe un perfil de gente que lleva dos años usando los servicios de ayudas urgentes, cuando antes la utilización era temporal, ha explicado Martínez.

Es "una buena noticia para mejorar este servicio", ha precisado el teniente de alcalde de Hacienda, que ha señalado que la inyección de 350.000 euros se puede hacer porque actualmente Cort no tiene problemas de liquidez y se paga a los proveedores como marca la ley. "Lo primero que tiene que mejorar es la gente que nos pide ayuda para comer, como es la que se da en las ayudas básicas", ha resaltado Martínez, que ha recordado que para este año el presupuesto para servicios sociales se han incrementado hasta los 4 millones de euros.

Si bien han existido retrasos en la concesión de ayudas, algunas se otorgan en menos de 24 horas, ha puntualizado Martínez, que ha precisado que estas tienen el objetivo de que la gente caiga en la exclusión social.

Martínez ha informado también de que se ha aprobado la propuesta para proceder a la ejecución subsidiaria del antiguo estado de Lluís Sitjar, que podrá ser efectivamente en al menos unos seis o siete meses.

El presupuesto inicial de la demolición, que deberán pagar los propietarios a Cort, es de 1,2 millones de euros, lo que supone unos 1.800 euros por título de propiedad.

El Real Mallorca posee el 30 % de estos títulos, con lo que deberá asumir unos 360.000 euros, ha explicado Martínez.

Ha apuntado que si alguno de los propietarios tiene una mejor oferta que esta puede informarlo a Cort para que esta sea analizada. Respecto al calendario de demolición, el portavoz municipal ha explicado que se tienen que enviar unas 400 notificaciones a los propietarios, un proceso que puede durar hasta tres meses, y estos tienen dos días para alegar el valor de la ejecución, una vez notificados.

La junta de gobierno ha aprobado también un nuevo contrato de vigilancia de dependencias e inmuebles del Ayuntamiento por dos años, que se diferencia del anterior en la apuesta de "soluciones inteligentes", lo que significa que se incrementará la vigilancia pasiva con nuevas tecnologías.

La intención es reducir, de cara al futuro, la vigilancia presencial, lo que, en opinión de Martínez, "es una buena noticia".

El portavoz municipal ha apuntado también que el equipo de gobierno intenta potenciar la bicicleta como transporte alternativo, por lo que no comprende las críticas de la oposición de "poca sensibilidad" hacia este medio de movilización.

Martínez ha aclarado que las bicicletas pueden utilizar de forma gratuita los aparcamientos municipales y que no se han adaptado otros para este transporte porque no hay demanda suficiente.

Ha señalado que en el caso de que la demanda se incrementara se daría más espacio a las bicicletas en los aparcamientos municipales; no obstante, se ha acordado volver a promocionar estos como un espacio más para dejar las bicis en la ciudad.