Los amarres públicos palmesanos son un preciado tesoro. Alrededor de 1.500 solicitudes se encuentran en lista de espera para lograr uno de los llamados amarres de base de embarcaciones de recreo, es decir, los permanentes. Tanto la Autoritat Portuària (organismo dependiente del Estado) como Calanova (que depende del Govern) llevan a cabo una gestión directa de estas plazas de aparcamiento en el mar.
El primero tiene 1.217 amarres en el puerto de Palma y el Portitxol, y una lista de espera para ocupar 1.062 plazas a medida que vayan quedando libres. Por su parte, en el puerto de Sant Agustí llegan a una lista de espera de alrededor de 400 personas para 190 amarres de base. Entre estas dos entidades suman 1.407 amarres de gestión pública de base en la Bahía. El resto (3.023) están dados en concesión a los clubes náuticos o marinas.
Desde la Autoritat Portuària explican que "actualmente se están concediendo amarres a interesados que lo solicitaron en 2004 y 2005". El año pasado otorgaron 55 plazas. Para garantizar que los apuntados realmente quieren un amarre y así evitar que el listado aumente aún más, deben renovar su inscripción periódicamente.
En Calanova tienen una lista de espera indefinida y, en cuanto a las fechas de las primeras solicitudes, llegan a 2001, tal como indica el gerente, Luis Sánchez. A raíz del decreto 61/2001 se reglamentaron las listas de espera de los puertos autonómicos, que no es necesario renovar, sino sólo actualizar si los datos personales varían.
Sánchez destaca también que una misma persona puede realizar diversas solicitudes en los puertos gestionados por el Govern y en la Autoritat Portuària, pero cuando se le conceda un amarre tendrá que renunciar al resto.
Los precios de estos amarres de gestión pública son más bajos que los de marinas privadas, por lo que son la primera opción de muchos aficionados a la náutica. Como ejemplos estimativos, en Calanova un barco de nueve metros de eslora tendría que pagar 2.000 euros al año. En el puerto de Palma, uno de ocho metros paga 1.200 euros al año; una lancha de siete metros, 900 euros; y una barca de cuatro metros, 300 euros al año.
Espacio y renta
En ninguno de los muelles que el puerto gestiona directamente (Moll Vell, es Jonquet, Can Barbarà y el Portitxol) se admiten actualmente barcos de más de ocho metros de eslora. Hay dos motivos, explican: "Por una cuestión de espacio y de renta". Como son más pequeños, caben más embarcaciones, y los propietarios no son gente rica con grandes barcos, sino palmesanos aficionados al mar. En Calanova llegan a los doce metros.
El caso de la dársena de Can Barbarà es peculiar. Allí sólo hay lanchas y algún que otro pequeño llaüt al que se le puede quitar el mástil, debido a que para salir a la Bahía tienen que pasar por debajo del puente, por lo que los veleros y yates no caben.
Quienes aguardan en la lista de espera de la Autoritat Portuària pueden tener más o menos suerte dependiendo de que el amarre que quede vacío tenga la misma eslora (longitud) y manga (anchura) que un barco. En caso contrario, se pasa al siguiente del listado hasta que haya uno idóneo.
Dar de baja a un adjudicatario del derecho de uso de los amarres se produce por tres motivos: por el abandono de la embarcación (hubo 20 en 2008), por su hundimiento (se produjeron 10) y debido a que el organismo público reubica las instalaciones para aprovechar más el espacio (se ganaron 25 amarres el año pasado).
Como hay una alta demanda de plazas, la Autoritat Portuària evita la especulación "impidiendo que los nuevos adjudicatarios puedan cambiar de embarcación en los próximos cinco años, modificando la ubicación del amarre a otro de peores condiciones cuando hay un cambio de titularidad y haciendo firmar a las partes una declaración de que no ha habido lucro".
