Sin memoria no hay vida

Ignacio Martínez de Pisón acaba de publicar un bello artículo en el que narra un hecho actual y curioso, que pocos conocen, relacionado con la figura de Miguel Hernández. Relata este autor que dentro de unas semanas se celebrará en Cádiz un macrojuicio contra numerosas personas —analistas, historiadores, comentaristas— que habrían revelado el nombre y los apellidos del presunto secretario del Tribunal Militar que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, y que, como tal, firmó las actas del proceso. La acusación por un supuesto delito contra el honor ha sido formulada por el hijo del referido funcionario, que quiere al parecer lavar la memoria de su padre. La revelación originaria fue publicada por el historiador Juan Antonio Ríos Carratalá, en un libro que reproduce la documentación de aquel proceso. Ríos sostiene que la mayoría de aquellos consejos estaban trucados ya que la pena de muerte se había decidido de antemano, y apenas se pretendía con la referida liturgia otorgar un cierto aspecto de legalidad al asesinato. Un libro posterior de Ríos, Las armas contra las letras, narra una treintena de casos similares, que desgranan otros tantos episodios de la represión franquista.

Si el aserto es cierto —si el señalado fue efectivamente el funcionario judicial de marras—, la querella caerá en saco roto ya que la historia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, y más cuando lo que se trata de enjuiciar moralmente es un episodio como el descrito. Pero el afán filial y patriótico del vástago de aquel sujeto que pelea con uñas y dientes para conseguir que el suceso sea silenciado resume la oposición masiva de sectores reaccionarios a que se terminen de conocer todos los episodios oscuros de aquella contienda y a que se entierren dignamente los restos de quienes fueron tratados entonces como animales. La democracia no existe sin memoria, porque sin ella ni siquiera hay vida.

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