Por un plus de residencia digno...o cuando el problema no es el catalán

La «Conselleria de Salut» ha dejado de incluir el catalán como requisito para trabajar en Balears. Argumentan los ideólogos del actual «Govern» que, de tal guisa, podrán venir más facultativos peninsulares a nuestra comunidad autónoma. No obstante, confiesan cierto desconocimiento sobre el alcance de tal medida. «No hay ningún estudio elaborado sobre la medida», reconoce la «consellera». No obstante, se ha adoptado. Más que estar respaldada por un saber o estudio empírico - lo que sería deseable para el conjunto de la ciudadanía, por otro lado - se intuye en la decisión un importante aroma político.

Por lo que se ve, nadie en el «Consolat» ha pensado en otros considerandos ante la grave situación actual. No ya para la no venida del funcionariado de calidad estatal, sino para evitar su huida. Es un dato que se intenta silenciar, pero Balears y Canarias empiezan a ser destinos a evitar para todos aquellos jóvenes que empiezan su cursus honorum: más bien somos tierra de trabajadores públicos próximos a la jubilación. Antes ser joven policía, fiscal o juez en la España vaciada que en Eivissa o Tenerife. Además de esta situación ya de por sí anómala, se le añade otra: la de los funcionarios de carrera que, viendo cómo su sueldo rinde cada vez menos aquí, deciden volver a la Península Ibérica. Y si es posible, a su terruño. La comandancia de la Policía Nacional puede dar fe de ello: los traslados están a la orden del día. Cuando no hace tanto Balears era un destino codiciado. Tanto por su poco índice delictivo como por su aceptable nivel de vida. Amén de un clima benigno.

El idioma puede influir, ciertamente. Pero el elemento clave de la no llegada (y salida ) de buenos servidores del Estado es, lisa y llanamente, la pérdida acelerada de poder adquisitivo. Con otra variante: la gentrificación que, como muchos palmesanos de cuna, han podido estar sufriendo los empleados públicos venidos del resto de España. Un ejemplo: con el sueldo de un Policía Nacional con cinco trienios es posible alquilar un piso en Palma. Pero a duras penas. Como mínimo, si se quiere tener un mínimo nivel de vida. Si a ello se le suma una familia que mantener, el problema puede convertirse en acuciante. Con la misma nómina, las dos Castillas y Aragón son la Tierra Prometida. Para que el lector se haga una idea del mercado de alquiler en otros lares: en el barrio leonés de Centro - nuestras Avenidas - se encuentran pisos de 240m2 con ascensor por 1.200,00 euros mensuales. La mayoría de los apartamentos de tres habitaciones no superan los 850,00 euros. Ni que decir tiene que 600,00-650,00 euros al mes es lo que se paga en los barrios periféricos de la capital leonesa.

Quizás sea hora de poner nombre propio a la problemática que nos rodea: dinero. También la de buscarle soluciones. Por tanto, no estaría de más que la clase política local se empeñe a fondo para conseguir un plus de residencia digno. Que valga la pena. Tal como ha conseguido la comunidad autónoma de Canarias y, sobre todo, las dos Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla. Un médico que resida en Tenerife y Gran Canaria recibe 178,29 euros mensuales. Si reside en alguna de las otras islas, 594,06 euros. El mismo profesional ingresaría 934,00 euros por el mismo concepto si estuviere destinado en cualquiera de las dos urbes norteafricanas. Más 50,00 euros por trienio. A todo ello, se le debe repercutir también el respectivo régimen fiscal, mucho más beneficioso que el del resto de España, haciendo excepción de los fueros vasconavarros.

Bien pensado, el idioma puede ser secundario en la ausencia de un cuerpo funcionarial potente en Baleares. Pongamos soluciones, pues. Y no más problemas. Muchas gracias.

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