Marcha atrás en economía social

El pasado 14 de febrero el Parlament aprobó la nueva Ley de Cooperativas. Y fue posible gracias a la participación del sector, al apoyo de la DG de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular y al consenso de todos los grupos parlamentarios, con la abstención de Vox.

También el Parlament aprobó, el 15 de enero de 2019, el Proyecto de ley de microcooperativas de las Illes Balears. La iniciativa legislativa contó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Ambos proyectos estaban contemplados en el primer Plan de Impulso de la Economía Social de Baleares que se aprobó en el 2017 con el objetivo de potenciar el emprendimiento y el empleo en empresa de Economía Social.

Son hechos que demuestran que estos últimos ocho años se ha impulsado la Economía Social y ha estado presente en el debate social y económico de los gobiernos de Francina Armengoly de Pedro Sánchez, con un Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y es que hablar de Economía Social es hablar del 12% del PIB, es hablar de 42.000 empresas que representan a casi 2,3 millones de trabajadores; es apostar por un modelo que concibe una economía próspera con valores como la gestión democrática, la cohesión social, el desarrollo local o la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, además de luchar para que todo ciudadano obtenga un empleo digno y estable, alejado de la precariedad laboral.

Conscientes de ello, el Parlamento Europeo y la Comisión coincidieron el pasado octubre en Estrasburgo en la importancia y el auge que está adquiriendo la Economía Social como empresas de éxito para construir una Unión Europea más próspera y social. Durante el debate, la Comisión presentó su hoja de ruta para potenciar este modelo que, actualmente, cuenta con 2,5 millones de empresas en la UE que generan 14 millones de empleos y el 8% del PIB.

No puede haber marcha atrás en el reconocimiento a la economía Social. Es nuestro hoy y nuestro mañana, pues plantea un modelo económico integrador y con objetivos sociales, basado en la solidaridad interna y con las personas en el centro. Y sin embargo, en el nuevo Govern de Baleares de Marga Prohens, que empieza ahora su andadura, ha desaparecido la DG de Economía Social. Las cooperativas y resto de empresas de economía social formaran parte de una Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio junto con los casinos, juegos y apuestas.

Allí ha quedado relegado el modelo más adecuado y plenamente probado de satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales de las personas mediante el empoderamiento democrático. Un modelo capaz de alimentar una visión a largo plazo del crecimiento económico sostenible, del desarrollo social y de la responsabilidad medioambiental.

Personalmente me entristece que un modelo empresarial como el de las cooperativas que ofrece respuestas a muchos retos presentes y futuros a los que se enfrentan el mundo del trabajo y las comunidades, como las transiciones verdes y digitales justas, la inclusión y la cohesión social o el trabajo digno, no requiera un mayor reconocimiento y un apoyo adecuado por parte del nuevo Gobierno del PP en nuestra comunidad.