La Constitución establece libertad educativa y libertad de cátedra. Asimismo, la Carta Magna impone la gratuidad de la educación obligatoria -que lógicamente ha de alcanzar a los centros privados en estos tramos docentes- y, siendo como es una ley progresista, obliga a la progresividad del sistema fiscal en pos de la equidad.
Estos días, el sistema educativo está convulso por la disparatada propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, de establecer becas que alcancen a familias opulentas, que por lo antedicho serían inconstitucionales, pero no es este el asunto que hoy me desvela y sobre el que querría llamar la atención: uno de los problemas inquietantes y acuciantes de la enseñanza privada superior es la pésima calidad de la docencia que se imparte en algunas de las universidades (no es fácil distinguir en este caso el grano de la paja), ya que ciertas instituciones de esta índole están dispuestas a otorgar sin miramientos cualquier título siempre que el aspirante pague la fortuna que se le exige. Si fuera religioso el caso, diríase que tales actores cometen un pecado de simonía.
El Estado tiene agencias de calificación que teóricamente controlan la calidad de la educación, pero por las razones que sea su acción no es eficaz, y todos conocemos historias indecentes de subastas de titulaciones que desacreditan a todo el sistema, que tanto hace por acrisolar el prestigio. Urge, en fin, que el Ministerio de Ciencia e Innovación tome cartas en el asunto y desempeñe las tareas de supervisión y control que tiene asignadas el Estado moderno. Nos jugamos en ello el crédito de nuestra sociedad y de nuestra tecnología.
