Rentabilidad, sensibilidad y derechos

El grito de auxilio lanzado por Carlos San Juan en change.org ha recibido centenares de miles de adhesiones de ciudadanos y de poblaciones que se sienten excluidas y desatendidas: «Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por Internet y no nos entendemos con las máquinas». La tupida red de sucursales expandida al calor de la burbuja inmobiliaria vive una feroz transformación marcada por las fusiones, cierre de oficinas, recortes masivos de plantillas y optimización del negocio a partir de las nuevas tecnologías, como ocurre por otra parte en otros muchos ámbitos.

Los usuarios, especialmente los mayores, que obligatoriamente han de tener cuenta abierta para percibir la pensión, reclaman un trato más humano y personalizado, no tener que recorrer kilómetros por no disponer de una oficina en el pueblo ni depender de terceros por carecer de conexión o de habilidades digitales para acceder al manejo de su propio dinero depositado en una entidad. En nuestra edición de hoy, a modo de ejemplo, damos voz a ese lamento en puntos como Son Carrió, Capdepera, Es Capdellà o el Pla de na Tesa.

En 2008 Balears tenía 0,25 sucursales por kilómetro cuadrado y en 2020 el número se había reducido a 0,12. Aunque las islas presentan una cobertura muy superior a la mayoría de territorios de España, con la salvedad de Madrid (0,34), Barcelona (0,27), Vizcaya (0,26) y Alicante (0,13), según datos del Banco de España, lo cierto es que en este periodo han desaparecido en el archipiélago una de cada dos oficinas, una merma que impacta en entornos rurales y en algunos barrios. Un proceso imparable y similar al que se vive en el resto de países europeos, donde el avance de la operativa telemática a través de webs y apps hace que cada vez menos clientes visiten las sedes físicas, más centradas en tareas comerciales y de asesoramiento y menos en transacciones básicas, que se atienden en horarios limitados, o mediante oficinas móviles y cajeros, no siempre operativos.

La presión del descontento ciudadano ha llevado al Gobierno a mover ficha. La vicepresidenta Nadia Calviño ha dado un mes a las entidades financieras para ofrecer soluciones. Está por ver si se acaba pactando un protocolo de adhesión voluntaria o se legisla por ley la obligatoriedad de unos mínimos básicos en la operativa financiera. Entre tanto, están surgiendo algunas iniciativas desde el propio sector, como alianzas con Correos o acuerdos con estancos y administraciones de lotería para sacar efectivo, pagar recibos o cobrar la nómina, opciones que abren nuevos caminos en la atención a los derechos financieros aunando sensibilidad y rentabilidad. También se plantea la implicación de la administración más próxima, los ayuntamientos. Urge pactar una solución que no erosione la competitividad del negocio bancario ni deje a ningún ciudadano en la cuneta financiera en este periodo de transición.