La verdad, Carles Puigdemont no es santo de mi devoción. Pero Pablo Llarena, tampoco. La detención del primero en suelo sardo por las maniobras del segundo no invitan al optimismo: el resurgimiento del movimiento independentista está servido. Si desde La Moncloa se deseaba una hipotética resolución del conflicto catalán, se necesitaban otros ambages. No jueces jugando a políticos, que es la situación a la que volvemos ahora mismo. Muy poca gente tiene una idea exacta de lo que puede suceder en los próximos días. Pero mirándolo fríamente, las posibilidades no son las ideales para rebajar la tensión existente en el panorama político español. Desde una extradición mediante una euroorden no vigente para todos excepto para los tribunales españoles a otro regate del gerundense a la Sala Segunda del Alto Tribunal español. En ambos casos las consecuencias traerán cola.
En el primer caso -a medida que se van sabiendo más detalles de la detención, personalmente dudo que se consiga- abriría una brecha entre Estados garantistas (es decir, la inmensa mayoría de la UE) y España e Italia. Brecha que no sería nada descabellado que se trasladaran a negociaciones en curso con la institución: Política Agraria Común, Presupuestos de la UE, financiaciones de infraestructuras a través del Banco Europeo de Inversiones... También sobre el posible emplazamiento de sedes de Agencias Europeas de nueva creación a las cuales ambos países optan. Por ejemplo. Incluso podría afectar al por ahora explícito apoyo de los Estados Miembros de la UE al Reino de España frente a la candidatura saudí para conseguir la sede de la Organización Mundial de Turismo. Cuando se forma parte de un equipo, las aventuras en solitario suelen salir caras. En el segundo supuesto - que Puigdemont saliera indemne de la situación y regresara a Waterloo - la credibilidad del juez Llarena a nivel internacional sufriría otro revés. Lo verdaderamente inquietante de la situación es que con su actitud el magistrado arrastre a todo el sistema judicial nacional. Y eso podría tener mucha más enjundia de lo que puede parecer a primera vista. Lo podríamos ver en la próxima renovación del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o del propio Tribunal Internacional de La Haya.
Todo ello sucede con un Consejo General del Poder Judicial caducado. Para más «inri», con tres llamadas de atención de la Unión Europea, en su Informe sobre Garantías Civiles y Políticas de los años 2019,2020 y 2021. Ejemplarizante, no es en demasía.
Acabe como acabe esta historia, la sensación es la de que alguien ha querido abrir un melón a destiempo: podría haberse podrido por la simple acción del tiempo, sin tanto ruido ni alharacas.
