Villarejo no es un tipo de fiar, obviamente, y sus declaraciones han de ser puestas por sistema en tela de juicio, pero cuando los jueces imputan a personas a partir de sus declaraciones y de las pruebas que aporta el policía corrupto es que existen al menos, como se decía antes, indicios racionales de criminalidad. Y aunque en casos de cohecho suscita más reproche moral el funcionario corrupto que el empresario corruptor, el delito es simétrico, y por ello la justicia debería hacer escasos distingos entre ambos.
Viene esto a cuento de la «naturalidad» con que la sociedad encaja el hecho de que el máximo ejecutivo de una gran empresa estratégica de este país haya pagado astronómicas cantidades de dinero (de dinero de la empresa, obviamente) al policía corrupto para que delinquiera. Se da por hecho de que tal ejecutivo no tiene obligación alguna de dimitir, ni se lo solicita su consejo de administración, ni mucho menos la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene el menor gesto en el sentido de proteger a los inversores de las malas artes de empresarios que no utilizan los códigos de buenas prácticas y se ven incursos en un proceso penal.
Hemos normalizado la corrupción, y esto es grave. Ya ni siquiera los medios, abrumados por la sobreabundancia de casos, hacen el seguimiento estricto de ellos. Y con un poco de suerte el devaneo queda impune. La sociedad civil debe armarse contra esta tendencia disolvente que puede llevarnos a no distinguir el bien del mal.
