El ministro de Universidades, Manuel Castells, un personaje que se considera a sí mismo ácrata y progresista, represaliado por el franquismo en sus años de estudiante, conseguirá al fin cancelar el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior ―impuesto por la dictadura en 1954-, que pretendía sobre todo preservar e orden público y mantener bajo férreo control a los estudiantes, al tiempo que se promulgará una Ley de Convivencia Universitaria que se ha consensuado con los rectores y los alumnos.
Produce sonrojo conocer la existencia de este Reglamento, que muchos universitarios que estudiamos durante su vigencia, tanto tiempo después de que aquella norma represiva empezase a disonar del contexto. En esta etapa democrática, varios ministros de Educación -el último de ellos, Ángel Gabilondo- intentaron poner fin al dislate pero por distintas razones nunca se dio la ocasión (en el caso de Gabilondo, fue la disolución anticipada de las Cortes la que frustró la iniciativa). Los Defensores del Pueblo instaron también reiteradamente su derogación, también sin éxito. La ley de Convivencia es muy amplia y consuena perfectamente con los tiempos nuevos. Y contiene dos elementos sustanciales que cambiarán sin duda la vida universitaria: el fin de las novatadas, una institución arcaica y cruel que ha sido muy difícil de erradicar pese al cambio de valores en la sociedad española, y la persecución del plagio, que tendrá consecuencias acordes con la importancia de la transgresión. Lo extraño es que hayamos podido convivir tanto tiempo con una norma autoritaria y nefasta. Quizá valga la pena examinar cómo ha sido posible que los templos de la inteligencia hayan sido tan conformistas en este país.
