La coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no tiene un precedente reciente —el último gobierno de coalición en España antes del de Sánchez fue en 1939, el republicano de Negrín antes de la derrota, con PSOE, PCE, ERC y PNV— y no es extraño que haya habido dificultades, quizá mas aparentes que reales, para implementarla, y que en la práctica se esté improvisando con general acierto el funcionamiento de una asociación que, por definición, es entre partidos diferentes —con distintos idearios y objetivos— y sin embargo lo bastante próximos como para confraternizar en las instituciones y pactar un programa común.
En España, el régimen actual arrancó en 1977 —las primeras elecciones generales fueron ese año— y despegó definitivamente con la Constitución de 1978 con equipos con nula experiencia política democrática. Desde el primer momento, se constató la tendencia natural del sistema hacia un bipartidismo imperfecto con presencia de los nacionalismos periféricos y del Partido Comunista, que es lo que había deseado el constituyente al diseñar las normas electorales e introducir la ley d'Hont que mitigaba la proporcionalidad. Y los politólogos de la época defendieron aquel modelo, que era lo bastante inclusivo para que la inmensa mayoría se sintiese representada, facilitaba la gobernabilidad y daba lugar a una saludable y refrescante alternancia. El PSOE tuvo una relación distante con su adlátere comunista —después Izquierda Unida—, con quien nunca estableció verdaderamente un "programa común" como había ocurrido antes en Francia o en Italia, y en alguna ocasión llegó a plantearse en la pura teoría la formación de una gran coalición PP-PSOE, que sólo podía tener sentido —se pensaba— en momentos de grave emergencia nacional que requirieran el agrupamiento de todos los demócratas: tras el 23-F, tal posibilidad llegó a ser expuesta ante el Rey, sin que llegase a prosperar por innecesaria.
A partir de las elecciones generales de 2015, el bipartidismo imperfecto saltó por los aires y la gobernabilidad se resintió profundamente. Aquellas elecciones no ofrecieron un resultado viable porque no hubo forma de investir a un candidato: el PSOE y Ciudadanos firmaron un acuerdo de gobierno en febrero de 2016 que agrupaba en total 130 escaños y que no pudo ir más allá por la negativa irreductible de Podemos a sostenerlo. Aquel fue el primer intento de coalición, que fracasó. Finalmente, el pacto PSOE-UP se produjo con gran rapidez tras las elecciones de noviembre de 2019, que eran la repetición de las de abril del mismo año, de las que tampoco fue posible obtener la investidura de candidato alguno.
El modelo adoptado por Sánchez e Iglesias es de los llamados de programa. Se basa en repartirse proporcionalmente el consejo de ministros y en acordar varios centenares de objetivos que deben formar el programa de la legislatura. Queda explícito que se trata de organizaciones distintas, cada una con su ideario propio, que no coinciden en algunas materias pero que están lo suficientemente cerca para que exista una sintonía real ente ambas.
Hay que reconocer que el modelo funciona (sin olvidar que en la actualidad UP está en estado de suma debilidad, después de fracaso electoral en la periferia, que culmina un descenso notable en le conjunto del Estado en noviembre del año pasado, y ello ayuda a mantener la alianza sin tensiones). En los últimos días, han sido públicos y notorios los desacuerdos sobre contar o no con Ciudadanos para los Presupuestos del Estado y sobre el tratamiento dado al asunto del rey emérito, pero el gobierno sigue funcionando con normalidad.
Podría decirse que se está empezando a formar una cultura de coalición que no existía, y que, de prosperar en todos los recovecos del espectro político, pondría fin a nuestra aparentemente crónica inestabilidad. Ahora es momento de formalizar unos presupuestos generales del Estado, que no sólo han de servir de pauta al gobierno sino que han de ser cauce de las ayudas recibidas de Europa, que deberían ser gestionadas por una potente mayoría capaz de mantenerse a largo plazo. Habrá que ver si este designio fructifica, lo que sólo ocurrirá si se templan los ánimos y la controversia parlamentaria regresa al menos al territorio posibilista de la buena educación.
