El comentario del presidente Sánchez en la entrevista concedida a la televisión el lunes pasado sobre que el Código Penal no se corresponde con la época que estamos viviendo en España sería compartido, con gran probabilidad, por la práctica totalidad de los ciudadanos aunque sea por razones distintas y hasta opuestas. Pero al día siguiente la portavoz del Gobierno precisó la noticia indicando que se quiere cambiar la “tipificación de los delitos que hemos visto respecto a los comportamientos que se han producido en Cataluña”. En román paladino eso quiere decir que los delitos de sedición y rebelión podrían modificarse. Y semejante propósito puede ser entendido de muchas maneras. La más simple e inmediata podría apuntar a un mero movimiento táctico: Esquerra Republicana de Catalunya ya ha dicho por boca de su presidente Junqueras que no apoyará la ley de los presupuestos salvo que se den progresos en la mesa de negociación que está todavía por estrenarse (de manera oficial al menos). Bueno; decir que se quiere cambiar la consideración de los delitos asociados al intento de independizarse podría ser visto como un progreso si se da por supuesto que tales cambios llevarían a aliviar las penas por sedición. Junqueras y los demás condenados por ese delito podrían incluso salir de la cárcel nada más aprobada una nueva tipificación, de alcanzar rebajas considerables.
Pero si lo que se plantea con el proyecto de reformar del Código es un cambio estratégico más serio, encaminado a ajustarse a la forma como se llevan a cabo en el mundo de hoy los independentismos unilaterales, entonces la cosa cambia. E introduce una paradoja interesante. Qué duda cabe de que los soberanistas desde el Govern quisieron proclamar la independencia —tanto Puigdemont como Torra y el propio Junqueras han dicho incluso que volverían a hacerlo— sin necesidad de un levantamiento armado. Las redes sociales e Internet convierten en innecesarios los fusiles. Así que la coartada que utiliza Sánchez es la de la urgencia de reconocer que es así, que lo que hizo el Govern fue rebelarse y tiene sentido cambiar las leyes para adaptarlas a las nuevas formas de dar un golpe de Estado. Pero si la rebelión pasa a ser eso, la sedición se convierte en casi nada en la práctica: déjense libres a quienes el Supremo condenó por sediciosos.
La paradoja divertida es que si los soberanistas repiten su jugada, tal y como dicen que quieren hacer, serían juzgados con el nuevo Código Penal en la mano como rebeldes esta vez, no como sediciosos, y con penas que se supone que serían mucho más altas. Parecería pues que Sánchez trata como niños a los secesionistas: vale, quedan perdonados pero si vuelven a comportarse mal se van a enterar. Cosa que conduce a que lo que se vaya a discutir en paralelo, aunque sea por debajo de la mesa, es cómo convertir un referéndum independentista en una figura legal.
