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Parlamento cantonal

El otro día conté todos los partidos que representan opciones más o menos nacionalistas o localistas y que están representados en el actual Parlamento. En total, me salían 46 diputados, aunque no sé si debería contar también los siete diputados de En Comú Podem -la franquicia catalana de Podemos-, que sumarían 53, porque no sé cuál es su grado de autonomía con respecto a la matriz “estatal” (digámoslo así). En cualquier caso, había partidos catalanes (ERC, JxCat, CUP), vascos (PNV y Bildu), gallegos (BNG), navarros (Navarra Suma) y canarios (con tres agrupaciones políticas coaligadas). Y también, cómo no, estaban los simpáticos cántabros de Revilla -ese señor que empezó siendo delegado de los sindicatos franquistas y que ahora dedica los sábados por la noche a impartir homilías televisadas contra el franquismo-, y por último, el diputado de Teruel Existe, la más reciente innovación culinaria de nuestro Masterchef electoral. Me olvidaba de los dos diputados de Compromís (valencianos), integrados en Más País. Y puede ser que me deje alguno. Un asturiano defensor del bable, quizá (los ha habido), o algún representante identitario de Ceuta o Melilla (los ha habido también). En Mallorca, Més no sacó diputado, como tampoco lo sacaron en Aragón los aragonesistas de la Chunta, pero podrían haberlo sacado. Y seguramente, tarde o temprano, lo sacarán.

Curiosamente, en este listado electoral de los grupos que representan a la periferia no hay ningún parlamentario que defienda los intereses de Extremadura, con lo enfadados que están los extremeños -y con razón- por el abandono a que los tienen sometidos y por la falta de conexiones ferroviarias. Tampoco hay partidos de la Mancha ni de León, comunidades que tienen bastantes motivos para sentirse agraviadas o cuando menos olvidadas por el poder central. Ni de Valladolid. Ni de la provincia de Soria (“Camino Soria”, propongo como nombre para el día en que alguien se proponga montar un partido sorianista). Tal como están las cosas, no tardarán mucho en surgir.

Unos cincuenta diputados sobre un total de 350 no parecen muchos, pero las cosas cambian si pensamos en el papel que esos partidos diminutos -comparados con los partidos de ámbito nacional, se entiende- pueden jugar a la hora de formar gobierno y de reclamar réditos políticos para su apoyo al candidato ganador. A pesar de que mucha gente sigue diciendo que España es un país autoritario, centralista y franquista, la Constitución del 78 fue muy generosa con los partidos nacionalistas -en especial, en aquel momento, los catalanes y los vascos-, y les concedió unos beneficios electorales que serían impensables en muchos países europeos. Recordemos que hay sistemas electorales que sólo otorgan representación parlamentaria a los partidos de ámbito estatal y que excluyen a los que únicamente representen intereses “regionales”. Y recordemos que hay países donde no se permiten los partidos que defienden ideas independentistas (Portugal, tan admirado por cierta izquierda, es uno de ellos). Pero la Constitución del 78, en vez de optar por esa vía, prefirió otorgar un papel esencial a los partidos nacionalistas (en aquel momento, repito, catalanes, gallegos y vascos). Se pensaba, con razón, que había que integrar el nacionalismo periférico para descentralizar por completo el país y optar por una fórmula abierta a la “diversidad”. Los resultados han sido buenos, al menos hasta ahora.

El problema es que no es lo mismo un partido nacionalista que un partido abiertamente secesionista. Y no es lo mismo un sistema abierto a las tres nacionalidades más importantes -Cataluña, Euskadi, Galicia-, que un sistema en el que cada pequeño grupo de presión local organiza un partido al hermoso grito de “¿Qué hay de lo mío?”, y más cuando estos grupúsculos tienen la llave del poder central con sus alianzas a cambio de reclamaciones. En este sentido, va a ser muy divertido ver qué consigue “Teruel Existe”, o el simpático partido de Revilla, o los canarios, o los valencianos de Compromís a cambio de sus votos, mientras que la gente de Extremadura o la Mancha -o Balears-, que no tiene capacidad electoral para ejercer el chantaje, se queda a dos velas y tiene que ver cómo las inversiones y las infraestructuras y las transferencias para políticas sociales -que no serán muchos porque vienen tiempos de vacas flacas- se van para otro lado y como siempre siguen pasando de largo. El resultado, cómo no, será el resentimiento, la desafección y la erosión incesante del Estado. Y luego nos echaremos las manos a la cabeza cuando aquí pase -que pasará- lo que ha pasado en Francia con los “chalecos amarillos”.

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