Calesas, caballos explotados y ciudadanos con memoria

Quiero hablar esta vez de algo bastante cotidiano y sólo aparentemente inofensivo: las calesas turísticas. Quiero hablar de los caballos muertos a causa de accidentes de tráfico o extenuados por el sobreesfuerzo de arrastrar cerca de 800 kilos de peso (casi 400 kilos sólo de carruaje, más cinco ocupantes entre conductor y pasajeros, algunos no precisamente en los huesos; calculen) por las calles de las ciudades en las que todavía subsiste dicha anacrónica práctica, como por ejemplo Palma o Alcúdia, en Mallorca. Sólo en Palma, al menos media docena de caballos han fallecido o resultado gravemente heridos debido al cansancio y el calor, o accidentados entre los vehículos con los que se ven obligados a compartir la calzada, en los últimos cinco años. Quiero hablar de como cada vez más ayuntamientos de distintos países han prohibido dicha práctica por ser una forma de explotación y maltrato animal. Una actividad para la que existen alternativas que permiten que quienes se ganan la vida de ese modo puedan, lógicamente, seguir haciéndolo, pero sustituyendo la "tracción a sangre" por otros sistemas de propulsión como, por ejemplo, motores eléctricos en coches de época destinados al mismo tipo de turismo.

Porque no se trata tan sólo de regular dicha actividad limitando la misma a partir del momento en que la Agencia Meteorológica decrete, en pleno agosto, que estamos en alerta naranja por el calor (ese momento suele ser ya demasiado tarde para los pobres equinos). Ni de esperar cómodamente a que caduquen las licencias para no renovarlas. Se trata de hacer un esfuerzo de gestión enfrentándose con valentía e ingenio al problema. De establecer la prioridad de acabar con esa terrible explotación animal, ofreciendo al mismo tiempo una alternativa factible para los titulares de las licencias actualmente vigentes (si es necesario, con las correspondientes subvenciones para que puedan adaptar sus vehículos).

Estoy convencido además de que, si dicha medida se aplicara de forma inteligente por todas las partes implicadas, y se realizara una campaña informativa eficaz dirigida a nuestros visitantes, la valoración de esos turistas (la mayoría, procedentes de países donde nos llevan ventaja y se toman muy en serio la protección animal) sería muy positiva para la imagen de nuestras ciudades.

Por todo ello, no se comprende que algunos grupos políticos municipales enarbolen la defensa del maltrato animal, prometiendo lo que haga falta (por ejemplo, acabar con las calesas de caballos), y luego se permitan poner excusas para no cumplir dichas promesas.

Y tampoco se trata de que ahora, al final de la legislatura (¡a tres meses de las elecciones!), desde la concejalía de Bienestar Animal se haga de pronto mucho alarde de actividad y frenesí "animalista", mediante una nueva ordenanza municipal (bastante ambigua y, en muchos aspectos, errónea, sobre la que hablaremos con detalle en el momento oportuno) encaminada a la supuesta protección de mascotas. De lo que se trata es de que, desde que llegan al poder (es decir, desde el inicio de la legislatura, que dura nada más y nada menos que cuatro años), los miembros de los gobiernos municipales tomen medidas eficaces encaminadas a la protección de todos los animales en dicho ámbito.

Resulta sorprendente que determinados grupos políticos hagan dejadez de sus obligaciones en materia de bienestar animal, creyendo erróneamente que su teórica posición "progresista" en el arco político les dota de una presunta "superioridad moral" que hipotéticamente nunca les será discutida. Y también es muy llamativo que todos los partidos políticos en general parezcan considerar todavía que éste es un asunto menor en el que ni se pierden ni se ganan votos.

Porque ha llegado el momento en el que van a empezar a comprobar que están muy equivocados.