El caso Valtonyc, que demuestra la insolvencia del sistema de la euroorden para homogeneizar la Justicia en el marco de la Unión Europea, sirve asimismo -no debemos permanecer con la venda sobre los ojos- que nuestra sistema penal está obsoleto en lo tocante a la libertad de expresión. Los abogados de este insolente rapero, que a muchos nos merece desprecio por la ordinariez y la brutalidad de sus letras, han utilizado como argumentos inapelables ante la Justicia belga unos hechos incontrovertibles: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó en marzo pasado dictaminó que quemar fotografías del rey es un acto protegido por la libertad de expresión (como lo es la quema de la bandera americana en los Estados Unidos), y en 2011 obligó a España a indemnizar a Arnaldo Otegi con 20.000 euros tras ser condenado este a un año de prisión por el Supremo por calificar al entonces rey Juan Carlos como "jefe de los torturadores".
Las opiniones vertidas por un ciudadano pueden merecer como es obvio el reproche social que la propia comunidad crea oportuno, pero no hay modo de justificar la imposición de condenas penales que impliquen privación de libertad (con las únicas excepciones, quizá, de las injurias y las calumnias contra particulares, fuera del debate político). Nuestro Código Penal es, en este sentido, arcaico y autoritario, y estamos a punto de convertirnos en una referencia de autoritarismo en la UE. La conocida frase de Voltaire dirigida a un contradictor viene al pelo: "Detesto cuanto usted defiende pero daría mi vida para que pueda seguir defendiéndolo".
