No creo exagerar un ápice si digo que, para muchos ciudadanos de Balears, 2018 habrá sido el año de las oposiciones. Lo habrá sido, por supuesto, para todos aquellos que se han presentado ya a las pruebas o tienen intención de hacerlo en los meses venideros. Pero también para todos aquellos que, habiéndose planteado opositar, habrán renunciado al final por una razón u otra. E incluso para quienes -pareja, familia, amigos, compañeros de trabajo- habrán vivido de cerca el largo proceso de preparación, esto es, de esfuerzo, tensión y sacrificio, que toda oposición conlleva. Sobre todo si la fecha prevista se demora y el candidato, que había hecho sus cálculos y contaba ya los días que le faltaban para la cita, debe recomponer de golpe su calendario de trabajo porque a alguien se le ha ocurrido interponer un recurso por tal o cual motivo.
Claro que, en el orden de los tropiezos a los que puede tener que enfrentarse un opositor, hay algo todavía peor y es que, tras haber superado uno de los ejercicios, un tribunal te conmine a volver a hacerlo si no quieres quedar eliminado de la oposición. Como si hubieras suspendido el examen que, en realidad, has aprobado y surgiera de pronto la oportunidad de una repesca. Como si tú tuvieras la culpa de que las reclamaciones presentadas por quienes sí lo suspendieron hayan surtido efecto. Como si tú acabaras pagando, en fin, la incompetencia de los que prepararon los enunciados de la prueba.
Esta es la situación en la que se encuentran a día de hoy los cerca de 400 opositores al cuerpo auxiliar de la Administración de la CAIB que superaron la prueba de informática. Una resolución de la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, con fecha 20 de julio de 2018 (BOIB, 2-8-2018), daba por buena la decisión del tribunal calificador de "anular el segundo ejercicio del proceso selectivo" -el correspondiente a informática- y convocaba de nuevo a los examinandos inscritos a realizar el segundo ejercicio el próximo 30 de noviembre. O sea, a los que aprobaron y a los que no aprobaron el examen. A todos sin distinción.
Cuando la consejera compareció seis días más tarde en el Parlament para ofrecer explicaciones del proceder de su conselleria y, más en concreto, de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) y el tribunal calificador, se limitó a lamentar lo sucedido, a atribuir los errores en los enunciados de los respectivos modelos de examen a la falta de rodaje después de una década sin oposiciones en la comunidad y a escudarse en la autonomía y soberanía del tribunal para justificar su propia inacción. Y, mientras, a los cerca de 400 opositores que habían aprobado la prueba de informática, que les zurzan, como diría un castizo.
Lo que constituye una soberana injusticia. No sólo porque se les obliga a repetir un examen que ya habían superado, sino porque esa repetición se basa en criterios más que discutibles. El tribunal basa la anulación de la prueba en la previa anulación de tres preguntas, tras estimar las correspondientes alegaciones presentadas (una cuarta pregunta ya había sido anulada de oficio por el propio tribunal, al constatar que contenía un error que imposibilitaba su correcta resolución).
Pues bien, las tres preguntas que hacen al caso han sido anuladas en aplicación del principio de igualdad. ¿Y cuál es el principio de igualdad?, se preguntarán ustedes. ¿Acaso tiene que ver con el género? En modo alguno. Aquí salen perjudicados o agraciados lo mismo hombres que mujeres, según si han aprobado o suspendido. No, aquí el principio de igualdad se refiere estrictamente a la lengua. Mejor dicho, a las lenguas, ya que, tal y como recoge el "informe del tribunal calificador" con manifiesta satisfacción, " és la primera vegada que es realitza aquest tipus de prova 100% en dues llengües (castellà i català)". Así las cosas, lo mínimo que cabe añadir a tenor los efectos que ha tenido el resultado del "informe" en quienes han superado la prueba, es que sus redactores ya podían haberse ahorrado el regocijo.
Porque lo cierto es que todas las preguntas anuladas lo han sido por errores de traducción o adaptación en la versión catalana. El "informe" ha desestimado de forma sistemática las alegaciones que afectaban a una pregunta en su conjunto -esto es, tomando en consideración ambas versiones-. A veces incluso con argumentos tales como que un porcentaje significativo de aspirantes la han contestado correctamente. Pero ese argumento no se ha tenido en cuenta cuando el error se ha dado únicamente en la versión catalana de la pregunta. Aquí no ha habido porcentaje que valga. Por no haber, ni siquiera ha habido constancia -constancia pública al menos, reconocida en el "informe"- del número de opositores que han respondido en una u otra lengua. Y eso no es todo. Cuando uno revisa los distintos modelos de enunciado, observa con perplejidad que las diez preguntas de que consta cada uno aparecen siempre impresas con las versiones castellana y catalana una a continuación de otra y por este orden. O sea, que el que ha optado por leer las preguntas en catalán tiene siempre en su campo de visión la correspondiente versión castellana, con lo que, en caso de duda, puede recurrir fácilmente a ella.
Por desgracia, el espacio no me permite extenderme sobre la naturaleza de cada uno de los errores de traducción. Pero convendrán conmigo en que no es de recibo que todo ello haya tenido lugar en un archipiélago donde, si algo abunda, son los licenciados en filología catalana. Y lo que resulta ya absolutamente intolerable es que ese desaguisado deban pagarlo cerca de 400 ciudadanos que llevan un año entero estudiando para una oposición, que se han preparado a conciencia, que han hecho las cosas bien -sus resultados así lo demuestran: los hay que incluso han sacado un 10 en el examen-, y cuyo único error ha sido opositar en una comunidad como la nuestra, donde, por poner un ejemplo reciente, el presidente de la segunda institución autonómica ni siquiera es capaz de expresarse en la lengua oficial del Estado.
Portavoz de Ciudadanos en el Parlament balear
