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Llarena tira la toalla

La peripecia judicial de Carles Puigdemont en Europa llegó a su fin: el juez instructor de la causa contra el procés independentista, Pablo Llarena, decidió rechazar la entrega del anterior presidente de la Generalitat sólo por el delito de malversación (tras el acuerdo adoptado por el tribunal alemán de Schleswig-Holstein) y retiró la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont y otros cinco políticos independentistas en el extranjero (Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira). Con la consecuencia de que serán libres de circular por cualquier país, menos en España.

Con esta decisión, Llarena pretende salvar el grueso de su causa, en la que los independentistas presos están acusados de rebelión (delito desestimado por los jueces alemanes). Pero lo importante de todo ello radica en sus repercusiones políticas. En Cataluña, supone un refuerzo de la estrategia seguida desde un principio por Puigdemont, tras salir del país y no rendir cuentas ante la Justicia española. Para el votante independentista, además, se visualiza la inadecuación de la prisión preventiva de sus dirigentes, cuando en los tribunales europeos no se aprecia el principal delito de la causa instruida por Llarena. La decisión tampoco ayuda a la distensión que pretendía el Gobierno de Pedro Sánchez, que verá como Puigdemont condiciona cualquier intento de diálogo desde su espacio de Waterloo (frente a los independentistas moderados del PDECAT y ERC). Todo ello, a la espera de la lucha que pueda desatarse entre Ciudadanos y el nuevo liderazgo del PP, quiénes vigilarán que Sánchez no ceda en nada, ante sus circunstanciales aliados secesionistas. Así que la "vuelta a la normalidad", en Cataluña, parece lejana.

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