Justo en el ecuador de la legislatura, Francina Armengol llegó al debate sobre el estado de la comunidad con un mensaje nítido: "Podemos decir que en Balears se vive mejor". No le falta razón: los fuertes vientos de cola de la economía europea -tipos de interés negativos y bajos costes de los carburantes-, unidos a la explosión de las compañías aéreas low-cost han posibilitado una rápida recuperación de los beneficios empresariales, del empleo y del dinamismo en nuestras islas. El crecimiento económico ha permitido sanear los presupuestos y reducir el déficit, además de poner en marcha lentamente políticas sociales más ambiciosas. Por supuesto, resulta mucho más fácil gobernar con la economía a favor -y las cuentas públicas al alza- que verse obligada por Bruselas a llevar a cabo recortes impopulares. Armengol -que ha demostrado ser una dirigente hábil- lo sabe, por lo cual ha decidido jugar con inteligencia esta baza de cara a la segunda mitad de la legislatura, proponiendo un ambicioso plan de políticas sociales que refuercen tanto el Estado del bienestar autonómico como el pacto interno con sus socios de gobierno. De hecho, muchas de las medidas propuestas afectan a problemas serios que aquejan a los ciudadanos de estas islas, como es el caso de la vivienda -para la que se prevé un nuevo plan dotado con 50 millones de euros en tres años-, la educación y la sanidad.
El hábil discurso de Armengol contó con una réplica también acertada del líder de la oposición, el popular Gabriel Company, quien supo adoptar un tono de moderación y mano tendida que descolocó a la presidenta del Govern. El PP balear busca recuperar así el protagonismo en el debate social -no olvidemos que el partido conservador es históricamente el partido más votado en nuestras islas-, evitando determinados extremos ideológicos que lo alejaban del centro sociológico. Company ofreció apoyar los presupuestos a cambio de una reforma fiscal a la baja -que beneficiaría a las castigadas clases medias y trabajadoras-, propuesta que fue rechazada por Armengol en una bronca contrarréplica que no se correspondía con el tono empleado por Company. Sin duda, el dirigente popular salió reforzado de cara a sus propias filas.
El socio principal del Govern, Més, logró evitar que las acusaciones de corrupción que le salpican por el conocido caso Contratos -por las adjudcaciones de sus departamentos a su exjefe de campaña Jaume Garau- se convirtiesen en uno de los temas clave del debate parlamentario, así como supo reivindicar el papel de la ecotasa como herramienta fiscal de progreso para la autonomía. Por su parte, la intervención de Alberto Jarabo, representante de Podemos, llamó la atención por su virulencia al hablar de la universidad, olvidando otros temas fundamentales del debate. Cabe sospechar que la formación morada no ha llegado a la mitad de la legislatura en una situación cómoda, debido, por un lado, a su fractura interna y, por otro, a las dudas que plantea su decisión inicial de no sumarse al Govern. Finalmente, tanto El Pi como Ciudadanos se ciñeron a lo previsto, con un mensaje dirigido a sus votantes potenciales y con la particularidad de que el partido regionalista reclamó una normativa laxa para el alquiler de temporada: un guiño en clave electoralista que puede arrastrar votos.
El debate del estado de la comunidad sirvió, en definitiva, para evidenciar la posición de cada uno de los actores políticos con representación en el Parlament. De cara a la segunda mitad de la legislatura, la evolución general dependerá mucho del dinamismo económico que siga mostrando el archipiélago y las consecuencias del deterioro generado por la grave situación política que vive nuestro país.
