La información fragmentaria permite ir dibujando pequeños bosquejos de la realidad, pero no facilitan una visión de conjunto ni el análisis sosegado de los distintos acontecimientos. El levantamiento del secreto de sumario del llamado caso Cursach después de cuatro años de instrucción -hay que recordar que nunca antes ningún otro caso judicial había permanecido en secreto durante un periodo tan largo de tiempo- ha permitido perfilar con mayor precisión el alcance de las pesquisas realizadas. Las investigaciones del sumario dibujan una situación de presunta corrupción extendida y generalizada, que no implicarían exclusivamente a unos pocas personas concretas, sino que podrían afectar de forma transversal a diferentes departamentos tanto de las administraciones locales como autonómica. Esto, desde hace prácticamente treinta años, sin que ningún gobierno o consistorio -sea cual sea el signo político al frente de las instituciones- haya sido capaz de ponerle freno.

De acuerdo con la información ahora conocida, departamentos municipales clave como el de Urbanismo o la Policía Local en el ayuntamiento de Palma y determinadas áreas de la Conselleria de Turisme del Govern podrían haber participado -en uno u otro grado- en el grave entramado de corrupción. Y el sumario, además, ofrece algunos datos concretos, casi anecdóticos si se analizan individualmente, que resultan de una gran gravedad analizados en su conjunto: por ejemplo, que mes a mes, el grupo empresarial de Bartolomé Cursach podría haber estado defraudando a Hacienda entre cuatro y cinco millones de euros. O que una parte muy considerable de la facturación fuera en dinero negro. O que, en definitiva, apenas se pagaran un 7,9% de las multas impuestas por la Policía Local. De acuerdo con las investigaciones, y siempre de forma presunta, en el epicentro del entramado político se situaría la figura de José María Rodríguez, dirigente histórico del Partido Popular palmesano. Hay que recordar los innumerables cargos públicos que ha ocupado Rodríguez a lo largo de todos estos años: de hombre fuerte en Cort a conseller en el Govern balear en tiempos de Jaume Matas sin olvidar su etapa como delegado del Gobierno. También cabe señalar que la posición del exafiliado del PP, Álvaro Gijón, que todavía permanece como diputado en el Parlament y concejal en el ayuntamiento de Palma, ha quedado aún más en entredicho a nivel político, lo que debería invitar a asumir algún tipo de responsabilidad pública no con el fin de poner en duda la obligada -e imprescindible- presunción de inocencia de todos los ciudadanos, sino para preservar de una mayor erosión la imagen de las instituciones. Y finalmente ha causado también sorpresa en el Govern las conversaciones telefónicas que aparecen en el sumario entre la actual directora general de Turismo, Pilar Carbonell, y el ejecutivo del grupo Cursach, Bartolomé Sbert, que, como mínimo, cabe catalogar de poco apropiadas.

La plena confianza en la independencia del poder judicial y en la fortaleza de nuestro Estado de Derecho nos lleva a confiar en que la instrucción acabe lo antes posible y que se pueda pasar página con una sentencia que sea justa para que finalmente se esclarezca la verdad. Desde el punto de vista político, conviene, de todos modos, llevar a cabo un análisis riguroso de los diferentes mecanismos de control internos usados por la Administración, visto su estrepitoso fracaso en este caso, para reformarlos y convertirlos en realmente efectivos. Los ciudadanos ganarían una confianza ahora en entredicho.