El presidente de Polonia, Andrez Duda, ha opuesto una mínima e insuficiente resistencia a las leyes de reforma de la Justicia impulsadas por el gobierno de la ultranacionalista y ultraconservadora Beate Szydlo. De hecho, Duda acaba de sancionar una ley que otorga al ministro de Justicia la facultad de nombrar a los presidentes de todos los juzgados ordinarios y que establece distinta edad de jubilación para los jueces hombres (65 años) y para los jueces mujeres (60 años). Y la revisión parlamentaria de las dos leyes que Duda se negó a sancionar, que situaban al Tribunal Supremo en manos del Gobierno, no garantiza en absoluto que vayan a remediarse los elementos de la reforma que someten el poder judicial al poder ejecutivo, en una tergiversación flagrante de las reglas democráticas. El sometimiento del poder judicial pone seriamente en duda la calidad de la democracia y desde luego contraviene los llamados criterios de Copenhague, establecidos en 1993 por el Consejo Europeo en esa ciudad, que establecen las condiciones mínimas para que un país tercero pueda ingresar en la Unión Europea.
Ante esta deriva, la Comisión Europea ha amenazado a Varsovia con aplicarle el artículo 7 de los Tratados, que la privarían de momento del derecho de voto en las instituciones comunitarias. El Gobierno polaco, como era previsible, ha respondido con arrogancia que no cederá al 'chantaje' de Bruselas. Con lo que, para que este chantaje no tenga lugar, la mejor recomendación que se le puede hacer a Bruselas es que se marche de la Unión. Hasta que una mayoría clara de polacos imponga de nuevo las libertades fundamentales a un país que se desliza por el sumidero del integrismo, la xenofobia y el aislamiento.
