Pacto de Estado para la Justicia

Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

Hace unos tres años ya escribí sobre la necesidad de un pacto de Estado para la Justicia. Ahora que vuelvo la vista atrás, no sólo veo que nada ha mejorado a la Justicia, sino que está peor que antes. No por los jueces y magistrados que trabajan de forma exhaustiva, a todas horas (tengo conocidos míos que se llevan el trabajo a casa, para continuar) sino porque los medios existentes no son suficientes, por algo se tiene en cuenta que los votos políticos que proporciona la Justicia son pobres, comparados con los que dan los pensionistas o los que están en paro. Juicios en España, según internet, se presentan al año 1.833.608, de los que corresponde a la jurisdicción civil 700.171; a la contencioso-administrativa 182.676; a la social 233.2002 y a penal 717.550 (sin tener en cuenta los que se archivan por no reunir las condiciones precisas para que se constituya un procedimiento penal). Ahora bien en España hay 5.502 jueces y magistrados. Que algunos políticos no nos digan que contamos con más profesionales que en Inglaterra, pues, es lo cierto que los procedimientos en nuestro país triplican los de Gran Bretaña.

No se puede exigir que cada juez o magistrado civil resuelva más de 1.000 asuntos al año o si es penal, más de 3.000. Esto es un absurdo.

Siendo yo decano y ministro de Justicia Mitchavila, en un congreso, que creo era en Sevilla, se llegó a un acuerdo entre todos los partidos políticos, de un pacto de Estado para la Administración de la Justicia. Cuando se hicieron números se deshizo el Pacto pues se vio que era imposible mantenerlo económicamente.

Pero si se quiere mantener la división de los poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, que fueron examinados y explicados por filósofos ilustres como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, es lo cierto que es necesario un pacto de Estado para la Administración de la Justicia. Previamente será preciso un estudio económico y después adoptar las medidas fiscales para cubrir el resultado del mismo. Ello es muy dificultoso, pues se deben cuadruplicar, a mi entender, los jueces y magistrados existentes y además se debe utilizar una gran cantidad de tiempo para preparar adecuadamente a los que hayan ganado las oposiciones. Ello es así. Pero es necesario.

* Abogado, exdecano del Ilustre Colegio Abogados de las Illes Balears