Ante la euforia derrochada por los poderes públicos por la gran solución que se ha dado al problema del Banco Popular (ya veremos si al final no hay que depurar responsabilidades de diversos tipos por lo ocurrido), conviene poner de manifiesto que la noticia de la quiebra, y posterior compra por el Santander, no es tan satisfactoria como se dice, porque revela algunas disfunciones inquietantes. En efecto, de lo ocurrido se pueden obtener al menos tres conclusiones: una primera, que la burbuja inmobiliaria, aprovechada con voracidad por las algunas instituciones de crédito, ha dejado secuelas, por lo que deberíamos prevenir una reiteración del problema, que permanece latente en ciertos parajes financieros, mediante precauciones que aún no se han tomado.
Una segunda conclusión es que en la banca española hay buenos gestores, mediocres y malos, porque lo sucedido en el Popular sólo puede ser imputado a la mala gestión de sus administradores, que no supieron medir los riesgos ni fueron capaces de superarlos, y han dejado tras ellos a 300.000 damnificados, algunos de ellos ricos y otros no tanto.
Y la tercera es que la supervisión bancaria es muy deficiente, tanto la europea como la española. El Popular acababa de pasar con éxito unos rigurosos (?) tests de estrés, y al parecer nadie se dio cuenta del colosal agujero. Por todo ello, yo no sé si los ministros del ramo tienen muchas razones para dar saltos de alegría.
