Hace más de tres años que el Gobierno de España y el Partido Popular aprobaron el real decreto ley (RDL) 16/2012. Con él modificaron elementos esenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la universalidad de la atención sanitaria como derecho de la ciudadanía. Otros como la equidad y la solidaridad, por el que cada persona paga "en función de lo que tiene" (a través de impuestos-IRPF), pero que "recibe lo que necesita" en atención sanitaria, también se vieron afectados. Una decisión política con importantes repercusiones tanto en cohesión social como en la salud pública.
Ahora la salud es un derecho que sólo tiene el que está asegurado o si es un beneficiario; y por eso se excluye a colectivos de personas (inmigrantes especialmente, pero también otros). El mismo RDL fue el que introdujo los nuevos copagos sanitarios. Uno implementado, el farmacéutico; los otros: transporte sanitario no urgente, prestación ortoprotésica, prestación dietética y la medicación hospitalaria, son legales pero no han entrado en vigor. También se modificó la cartera de servicios, se mercantilizó la sanidad y se crearon las condiciones para introducir la gestión privada.
Hace tres años el PP, con la excusa de la sostenibilidad, decidió priorizar la reducción del gasto en sanidad. Su gestión ha sido un fracaso: pérdida de calidad asistencial (aumento espectacular de las listas de espera), pérdida de derechos en salud de los ciudadanos (decreto de demoras sanitarias), pérdida de profesionales sanitarios y mala gestión económica. En 2015, con el mejor presupuesto oficial, se acabará el año con un desfase aproximado de 150 millones de euros.
La próxima semana, día uno de septiembre, se cumplirán tres años de la entrada en vigor de la retirada de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes no regulares. Fueron retiradas unas 900.000 en España y 20.000 en Balears.
La Defensora del Pueblo y el Tribunal Constitucional negaron que esta medida condujese a un ahorro relevante en términos de reducción de déficit y que su repercusión en salud es muy importante. Que supone un riesgo en salud pública, porque la salud de la población se consigue con actuaciones individuales y con acciones colectivas en la comunidad. Sacar a personas del SNS supone poner en riesgo la salud pública de la comunidad.
En nuestra comunidad autónoma se vulneró nuestro Estatut de autonomía que proclama que se "garantiza el derecho a la prevención y la protección de la salud por medio de un sistema sanitario público de carácter universal".
Tener miles de personas sin atención sanitaria normalizada (con atención primaria, con atención hospitalaria, con prestación farmacéutica, con promoción de la salud, con prevención de la enfermedad), a los que se les exigía firmar compromisos de pago, no tiene ningún sentido. En nuestra comunidad las consecuencias de este RDL 16/2012 tienen nombre: Alpha Pam.
Hoy es importante recordar que esta medida sanitaria del PP tuvo el rechazo generalizado de todos los partidos políticos (excepto de Ciudadanos), de los sindicatos, de las ONG y de todo tipo de organizaciones profesionales del ámbito de la salud y que se promovió la desobediencia civil por razones de ética profesional. Hace tres años determinadas comunidades, especialmente Andalucía y Asturias, ya dictaron instrucciones en sus servicios de salud, para que los inmigrantes no regularizados pudieran tener atención sanitaria normalizada.
Por eso había partidos políticos que se presentaron a las elecciones autonómicas con el compromiso de otorgar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes empadronados. Por eso, determinados gobiernos, como el de Balears, en pleno ejercicio de sus competencias estatutarias, han decidido volver a dar atención sanitaria normalizada a estos colectivos. Decisión necesaria y justa.
No tienen ningún sentido las amenazas desde el PP de multas millonarias de la Unión Europea contra las comunidades autónomas que han decidido dar asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes no regularizados. Ni lo ha hecho en el pasado ni tiene porqué intervenir ahora. Amenazar y mentir con invasión de competencias, sólo evidencia nerviosismo electoral.
Lo que tendría que hacer el PP es devolver la universalidad a la atención sanitaria, como un derecho de ciudadanía. Derecho que sólo otorgó a los asegurados y sus beneficiarios. La única manera de devolver la universalidad de la atención sanitaria, como derecho de ciudadanía, en nuestro Sistema Nacional de Salud, es con la derogación del RDL 16/2012. Si el PP no lo hace, lo hará el próximo Gobierno de España.
* Vicepresident Primer Parlament balear
