El Partido Popular acaba de sufrir en Andalucía un revolcón histórico al haber pasado de cincuenta escaños en 2012 a los 33 del pasado domingo. Cualquier mediano entender pensaría que, puesto que las elecciones andaluzas han sido el primer hito de una larga secuencia de consultas, la formación que actualmente gobierna en el Estado debería tratar de congraciarse con una opinión pública que acaba de mostrar una gran decepción hacia sus siglas.
Pues no: este jueves, la mayoría gubernamental aprobaba definitivamente en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas que incluía, además de dos leyes anticorrupción, la reforma del Código Penal y la ley de seguridad ciudadana (llamada "ley mordaza" por la oposición). Se da luz verde a la prisión permanente revisable rechazada por gran parte del pensamiento jurídico, se sancionan en vía administrativa con fuertes multas diversas formas de expresión medida duramente criticada por personas e instituciones progresistas, se endurece en definitiva el reproche penal en diferentes ámbitos, sin que haya una demanda social en este sentido ni argumentos objetivos de violencia o malestar que lo justifiquen. En definitiva, se han llevado al BOE varias de las obsesiones reaccionarias de Gallardón.
O el PP no ha entendido el mensaje popular el 22 de marzo en Andalucía o, sencillamente, se ha vuelto masoquista y le complace el castigo de la ciudadanía. Porque por este camino, en las elecciones municipales y autonómicas la sanción será todavía mayor.
