Los últimos datos de la EPA son muy claros acerca de lo acontecido en el primer trimestre de 2014 en Balears: destrucción neta de empleo y crecimiento del número de personas que sin tener empleo van arrojando la toalla. Esta lluvia de malos datos se produce sobre un suelo muy mojado tras casi seis años de crisis económica y no son ninguna sorpresa (véanse los artículos publicados en este diario "La vertadera realitat econòmica de Balears" (9-4-2014) y "Jordi Évole i la conjuntura econòmica balear" (18-3-2014). Si alguna virtud han tenido los datos de la EPA ha sido la de despertar a muchos ciudadanos de la hipnosis de una recuperación económica sin dolor.
No es el objeto de este artículo entrar en el detalle estadístico de esta última EPA. Al contrario, quisiera aprovechar los datos de este trimestre para cambiar el foco de atención. Todos los gobiernos suelen utilizar los datos económicos, en este caso los laborales, para justificar sus políticas económicas y laborales. Es como si en una suerte de relación causal infalible, si la economía (y el mercado laboral) progresan positivamente, entonces eso obedecería a que las políticas económicas y laborales adoptadas son las correctas. El gran engaño consiste en hacer creer que si el mercado laboral presenta cifras "positivas", ya no importa defender las políticas laborales, porque necesariamente son las correctas. Si a todo ello le añaden un empaque neoliberal del estilo "no hay otra alternativa posible", ya tienen la situación perfecta para un gobernante reacio a dar explicaciones de sus decisiones. Esta es la situación vivida en los últimos semestres en Balears (y España).
Sin embargo, los datos de la última EPA (en realidad de las dos últimas) han roto esa cadena lógica. Al destruirse empleo neto, los ciudadanos salen de su embrujo y se cuestionan si las políticas laborales adoptadas en Balears son las correctas. Y es que los datos de la EPA han evidenciado que el rey, en realidad, está desnudo.
Llegados a este punto, cabe preguntarse qué políticas laborales ha emprendido el actual Govern en el transcurso de esta legislatura. La primera cuestión que deben tener clara los ciudadanos es que las políticas laborales destinadas a mejorar la empleabilidad de los parados (esto es, las políticas activas de empleo, PAE) están transferidas desde principios de este siglo. Por tanto, es responsabilidad directa de nuestro gobierno autonómico la atención a los desempleados. La segunda cuestión, a mi juicio muy relevante, es que las PAE son mucho más eficaces de lo que la gente (incluidos la mayoría de economistas) cree, de forma que su ausencia tiene consecuencias. Un ejemplo de ello lo ofrecía un titular de este periódico del pasado 27 de abril: "La Escuela de Hostelería recibe más de 1.000 propuestas de empleo para 200 currículos de alumnos". Imagino que esta noticia perseguía crear en el imaginario del lector la idea de la recuperación económica. Mi lectura, en cambio, fue de tristeza. Siendo la Escuela de Hostelería una entidad pública en la que el Govern tiene la mayoría en el consejo de dirección, una falta de planificación estaba dejando escapar la posibilidad de crear 800 puestos de trabajo para los desempleados del SOIB, el cual, por cierto, también forma parte del mencionado consejo de dirección.
Pues bien, establecido que el gobierno competente en PAE es el balear y que las PAE tienen un impacto directo sobre las posibilidades de crear empleo, una tercera cuestión es el compromiso del Govern con sus parados. Sabemos que la lucha contra el desempleo también era la principal prioridad manifestada por el partido que sustenta al Govern durante las elecciones de 2011. ¿En qué medida se traducen esas prioridades en realidades presupuestarias? Veámoslo.
En 2010, último año entero del anterior Govern, el SOIB (que es el principal agente de las PAE en Balears) gastó/invirtió 92 millones de euros. En 2013 y 2014 (y con un mayor número de parados), el actual Govern ha presupuestado 37 millones de euros. Ese presupuesto equivale a dedicar 244 euros para cada uno de los 152.500 parados de la EPA. Pretender la más mínima eficacia con ese presupuesto es un ejercicio de cinismo sin límites. Para más inri, los ciudadanos debieran saber que más de la mitad de ese presupuesto lo aporta el gobierno central. Para que se entienda mejor: el Govern invierte infinitamente más recursos propios en IB3 que en sus parados. ¿Creen que es posible recualificar a un parado de la construcción que no acabó la ESO con 244 euros?
El abandono de los desempleados, sin embargo, no sólo es presupuestario. También lo es en lo ideológico. Como explicar, si no, que transcurridos ya tres años de legislatura el Govern siga sin acordar su plan de empleo. En definitiva, tan pronto como las cifras de empleo han dejado de ser positivas, se ha evidenciado que el Govern está desnudo. No hay ni presupuesto ni una planificación mínimamente estratégica de las políticas laborales.
Pero seamos prácticos. El pasado inmediato ya es historia. Cada uno juzgará al ir (o no) a votar. Lo relevante ahora es que la EPA ha evidenciado que la recuperación del empleo no será ni fácil ni inmediata. Cierto es que sólo queda un año de legislatura. Pero ante la triple evidencia de: (1) la urgencia y magnitud del problema del (des)empleo, (2) la actual (y perentoria) escasez de recursos invertidos en el SOIB y (3) que su resolución temporal alcanzará, como mínimo, las dos próximas legislaturas, creo sinceramente que todos los partidos políticos deberían esforzarse en acordar un plan de empleo valiente que tuviese en cuenta esos tres aspectos. Cualquier otra lectura de la última EPA sería un ejercicio de cinismo colectivo y una ceguera ante la principal preocupación de los ciudadanos. Y es que las cifras de desempleo se construyen sumando proyectos vitales truncados.
