El PP gobierna nuestro país desde finales de 2011. Desde entonces, las mujeres españolas están sometidas o amenazadas por medidas regresivas, coercitivas o que disminuyen sus derechos en el ámbito de la salud.
Todos conocemos la iniciativa del PP para modificar la ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aprobada por el gobierno de Zapatero. Una ley que da garantías a aquellas mujeres que libremente se deciden por una IVE. El PP ha manifestado su intención de eliminar el sistema de plazos (en las primeras 14 semanas se realizan más del 90% de IVE), quiere eliminar la indicación de malformación fetal y también la indicación de peligro para la vida de la madre, como motivo para abortar. El PP quiere volver a una ley de supuestos, donde no son las mujeres las que deciden lo que necesitan, si no otros. Con la ley 2/2010, la libre maternidad dejó de ser una cuestión de permiso y pasó a ser una cuestión de derecho. Ya no es un permiso supeditado a terceros, es un derecho de las mujeres. Pero el PP quiere decidir sobre la maternidad de las mujeres.
En Balears, la atención a la mujer en 2012 ha sido regresiva en relación a las IVE. Después de una nula política activa en salud sexual y reproductiva, el PP vulnera la ley porque no atiende las demandas de nuestras mujeres. En nuestra comunidad, en 2012, se han realizado 3.015 IVE. De éstos, 1.379 a través de los hospitales públicos y 1.636 en las clínicas privadas acreditadas de Mallorca. De éstos últimos, sólo 234 han sido pagadas por el IB-Salut. Más de 1.400 mujeres han tenido que pagar la IVE de su bolsillo.
En Balears, la conselleria de Salut vulnera la ley, ya sea por ausencia de información, desatención o intencionadamente, desde que gobierna el PP. La ley es muy clara. Según los artículos 18 y 19, los servicios públicos de salud deben garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, que está incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), a través de los centros de la red sanitaria pública o por centros acreditados. El PP ha excluido a más de la mitad de mujeres que han necesitado una IVE en Balears de un derecho reconocido por ley. En 2011, a 2.865 mujeres se les realizó una IVE en las clínicas privadas acreditadas, pero todas fueron pagadas por el servicio público de salud, no por las mujeres.
Un nuevo ataque. Hace pocos días, el PP decidió retirar la financiación por el SNS de ocho anticonceptivos orales de última generación, incorporados a raíz de la ley 2/2010, que obliga a garantizar la inclusión de los anticonceptivos de última generación y facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos por las mujeres. En estos momentos, estos anticonceptivos suponen más del 50% de las prescripciones y han demostrado ser unos anticonceptivos eficaces y con menor riesgo de efectos secundarios. Las mujeres ahora tendrán que volver a los anticonceptivos más antiguos que producen mayor número de efectos secundarios o, si desean continuar con ellos, pagar el 100% del medicamento. El PP decide contra la igualdad de oportunidades y el libre acceso de las mujeres a los anticonceptivos.
Estos últimos días hemos conocido otra decisión ideológica del PP que nada tiene que ver con criterios médicos. Restringir los tratamientos de fertilidad (inseminación artificial y fecundación in vitro) para dejar fuera a las familias reconstituidas (con algún hijo de relación anterior), las parejas de mismo sexo y las mujeres solas. Sólo aceptan mujeres con esterilidad. "La ausencia de varón no es un problema medico", dice la ministra Mato. Discriminar por razón de sexo, de orientación sexual o de forma de familia no puede ser ni es constitucional.
Cuatro claros ejemplos de la política de derecha extrema del PP en contra de derechos y necesidades en salud de las mujeres de Balears. Una política sustentada sobre una ideología muy rezagada y retrógrada en cuestiones sociales, respecto a lo que prima en la sociedad española. Con el PP, pronto las mujeres tendrán que volver a pedir permiso a su marido para salir de España.
* Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista
