Muñoz Molina publicaba este sábado un extraordinario artículo en el que venía a decir que en este tramo de la gran crisis el poder ya ni siquiera se oculta al mostrar sus debilidades o al imponer sus reformas reaccionarias. Por ello, el progresismo ya no tiene que esforzarse en desenmascarar los intereses ocultos que actuaban detrás de apariencias intachables€ "No hay nada que desenmascarar porque nadie pierde el tiempo ya en disimulos superfluos"€
Algo parecido está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional, que ya no tiene el menor pudor a la hora de formular sus recomendaciones, en las que no disimula los intereses a los que sirve. La mala calidad de su pronósticos, sistemáticamente erróneos, resta trascendencia a sus estridentes tomas de posición, pero es sintomático que sus informes de coyuntura brinden por sistema apoyo ideológico a los poderes más reaccionarios.
El informe anual sobre la economía española, publicado el pasado viernes, no prevé que con la política actual se pueda dar una mejora significativa en los próximos cinco años, aunque admite que "los principales desequilibrios se están corrigiendo con rapidez" y que se han aplicado "reformas decisivas en los sectores laboral, financiero y fiscal". Y para acelerar la salida de la crisis plantea que los empresarios y los sindicatos alcancen un gran pacto social por el que los trabajadores acepten rebajar sus salarios hasta el 10% y las empresas, a cambio, se comprometan a crear empleo en cantidades significativas. Además, ese gran pacto social debería ir acompañado de una nueva política fiscal que redujese las cotizaciones a la Seguridad Social y elevase los impuestos indirectos; por ejemplo, el IVA, en el que aún habría margen por la vía de pasar productos del tipo superreducido al general.
En otras palabras, el FMI quiere agravar la caída de los salarios que ya se está produciendo y que es consecuencia directa de la reforma laboral „la desregulación del trabajo, ya se sabe, tiene este efecto cuando hay un desempleo importante„ para lograr un efecto semejante al de la devaluación competitiva de la divisa, que España no ha podido llevar a cabo por pertenecer a la Eurozona. Con la particularidad de que si una devaluación convencional afecta a todas las rentas y capitales, la que postula el FMI cargaría todo el peso de la crisis en los asalariados. La inequidad es tan flagrante que los actores políticos del rito neoliberal ni siquiera se han atrevido a enunciar esta posibilidad indecente. Nuestro Gobierno, por su parte, se ha limitado a declarar que ve "atractivo teórico" a esta propuesta, aunque no cree viable ponerla en práctica.
Es inadmisible que un organismo internacional, que debería ser ideológicamente aséptico, incurra en estas derivas ideológicas radicales que en las democracias occidentales resultan escandalosas. Es una falacia que las crisis sólo puedan resolverse proletarizando a las clases medias; en los Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de ver cómo una recesión que incluía burbuja inmobiliaria ha sido resuelta con herramientas de política económica de corte keynesiano. Y si la Europa del euro es incapaz de hacer otro tanto en aquellos países que requieran un proceso de estímulo semejante, habrá que pensar seriamente en salirse del euro para evitar la colosal injusticia de cargar la recesión y sus efectos sobre la parte más visible y vulnerable de la población.
