La secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, perteneciente al ministerio de Economía y Competitividad ha elaborado un borrador de la nueva estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación para los próximos 8 años. Este documento supone una ruptura con lo establecido en la Ley de la Ciencia (Ley 14/2011) que indica que el Estado coordinará el sistema español de ciencia, tecnología e innovación a través de dos instrumentos diferentes. Una estrategia (estrategia española de ciencia y tecnología) debería servir para alcanzar objetivos generales en materia de fomento de la investigación científica y técnica. La otra (estrategia española de innovación) debería ser el marco de referencia que implique a todos los agentes políticos, sociales y económicos en la consecución del objetivo común de favorecer la innovación y así transformar a la economía española en una economía basada en el conocimiento. La fusión de estas dos estrategias en una tiene implicaciones muy serias en cuanto al valor que se le otorga a la investigación científica y técnica en nuestro país.
La nueva estrategia pretende no sólo promover cambios profundos en el sistema de ciencia y tecnología, sino también en el educativo, al plantear dirigir la formación de doctores en las universidades públicas de nuestro país. La necesidad del cambio se argumenta en base a una evaluación del éxito de políticas anteriores que, según el informe que la acompaña, no han conseguido los objetivos previstos. Se destaca en el informe que, aunque se han logrado destacables méritos científicos (posición 9 mundial en producción científica), no se han conseguido unos beneficios económicos equiparables (posición 18 en innovación en la Europa de los 27 según el índice IUS). Con este desfase entre investigación e innovación se justifica la adopción de medidas drásticas que pretenden supeditar las actividades investigadoras a su rentabilidad económica.
Varias de las medidas propuestas tendrán un efecto muy negativo sobre los niveles de competitividad alcanzados por la ciencia desarrollada en nuestro país. En primer lugar se propone la presencia activa de las empresas en la toma de decisiones sobre los planes de investigación y de formación investigadora, y se adopta una filosofía finalista de la estrategia de envestigación. Con estas medidas, la investigación pasaría de estar dirigida a mejorar el bienestar social (tecnología y conocimiento) a estar dirigida por el "mercado" y las empresas, buscando rentabilizar la financiación de la investigación en el sistema empresarial español. En esencia, la finalidad de las empresas es obtener el mayor beneficio propio posible, mientras que la finalidad del sistema público de investigación es que este beneficio recaiga sobre la sociedad en su conjunto. Por tanto, asumir que el beneficio social se va a alcanzar gracias al beneficio empresarial es, cuanto menos, erróneo en su planteamiento. Si son los intereses empresariales los que dirigen la política científica y la formación de los científicos (por ejemplo, de los programas de doctorado) de nuestro país, primarán esos intereses y repercutirán negativamente en la formación de nuestros investigadores y la producción científica en áreas que no tengan interés económico para las empresas representadas en esos órganos de decisión.
Las deficiencias del sistema español en los indicadores que miden el nivel de innovación en Europa no se encuentran en los parámetros que corresponden al sistema de investigación, ya que esos indicadores equiparan a España (IC=0.54, posición 12ª) con países como Alemania (IC=0.55, posición 11ª), sino en los parámetros englobados bajo el denominador "actividades de empresa", donde estamos muy por debajo de los países líderes en conseguir patentes y beneficios económicos (innovación). Por ejemplo, en lo que respecta a las inversiones en I+D+i por parte de las empresas, España ocupa la posición 24ª de 27. En el borrador de la nueva estrategia no existe ninguna medida que asegure una mayor inversión por parte de las empresas en investigación ni en formación de investigadores, pero sí medidas para subvencionar la investigación en empresas a través de planes públicos. En definitiva, la investigación en las empresas va a estar pagada por los contribuyentes y los beneficios van a ser para las empresas. Estas medidas son un negocio redondo para las empresas españolas, pero no van a conseguir una mayor implicación de estas en la financiación de la investigación, sino que obtengan más beneficios gracias, una vez más, al dinero público.
Un segundo aspecto de extrema gravedad para la ciencia española es que, en la nueva estrategia de ciencia y tecnología y de innovación, desaparece todo incentivo para el desarrollo de la llamada "ciencia básica" (por ejemplo, el programa de "Promoción general del conocimiento"). Con la eliminación de la inversión en ciencia básica se pretende provocar un incremento en el número de patentes, que se traducen en beneficios para los "mercados". Sin embargo, la consecuencia directa del abandono de los programas de promoción general del conocimiento será la pérdida, por falta de financiación, de los importantes logros que la investigación básica española ha alcanzado en la última década. Esto es algo que el sistema público de ciencia y tecnología no se puede permitir: primero, porque destruiría una de las partes del sistema que está funcionando bien; segundo, porque al anular la generación de nuevos conocimientos en ciencia básica, se perderá la base que permite el desarrollo de la ciencia aplicada; y tercero, porque desperdicia los recursos invertidos previamente para alcanzar los niveles actuales de calidad investigadora, agravando la fuga de capital humano altamente cualificado que ya se está produciendo y que tanto ha costado a nuestro sistema público de investigación generar.
La historia reciente del sistema de investigación en nuestro país muestra que las mejoras progresivas experimentadas han estado estrechamente relacionadas con la cantidad de recursos que se han destinado a financiarlo. El estancamiento y la reducción de esa financiación irremediablemente conducirán a un empeoramiento del sistema. Los países líderes en investigación e innovación son aquellos que más financiación aportan a su sistema. España ocupa el 10º lugar en la Europa de los 27 en porcentaje del PIB destinado a I+D (1.39 %), equivalente a menos de la mitad de lo que invierte por ejemplo Alemania (2.9 %, datos de 2010). No parece que la 9-12ª posición en los diferentes indicadores referentes a investigación, esté muy alejada de lo que, con esa financiación, debiéramos esperar. Si queremos parecernos a los países europeos que lideran la excelencia investigadora e innovadora, tenemos que apostar sin reservas por invertir en ello la financiación que requiere. Los países que más invierten están incrementando aún más esa inversión, incluso en estos tiempos de crisis, mientras que España, por el contrario, ha reducido de forma acusada la financiación anual del I+D+i acumulando un descenso del 19 % en los últimos cuatro años. Las mejoras de nuestro sistema dependen de la adopción de políticas tendentes a lograr niveles de inversión en I+D+i estables e independientes de ciclos políticos y económicos. El Consejo Europeo estableció en su estrategia de Lisboa el objetivo de conseguir que se invierta en investigación un 3% del PIB. España no llega ni a la mitad de ese porcentaje. Ése es el objetivo que el gobierno español debería perseguir, aumentando la inversión pública y fomentando, en lugar de subsidiar, la inversión privada.
(*) Miembro del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, UIB-CSIC) y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE), y 30 investigadores más.
