La propuesta del Govern de congelar o, como ha especificado el conseller de Economía, de "modular temporalmente" las mejoras salariares de los funcionarios, que habían sido negociadas y pactadas con los sindicatos, ha sido calificada desde tomadura de pelo hasta provocación por parte de un colectivo que no ve razón alguna para que se retrase lo acordado. Desde el ejecutivo se apela a la solidaridad de sus veintitrés mil funcionarios con el resto de la sociedad para poder dar prioridad a las políticas sociales o, lo que es lo mismo, a atender a aquellos que están en paro. Según Carles Manera al Govern le ocurre lo que a cualquier familia que ve disminuir sus ingresos: no le queda más remedio que ayudarse unos a otros y recortar los gastos. Una explicación que los sindicatos consideran un chantaje moral, puesto que las mejoras no suponen ningún aumento salarial sino una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido en años anteriores a la crisis.
Entre los colectivos más afectados por el aplazamiento está el personal sanitario y docente, especialmente el profesorado de centros concertados, que tuvieron que movilizarse para logar unos acuerdos que ahora, se diga lo que se diga, han sido puestos en la picota. Tal como se ha apresurado a decir el president Antich para tratar de tranquilizar los ánimos, no hay más congelación salarial que la referida al sueldo de los políticos. Sin embargo, no se concreta ningún calendario sobre la entrada en vigor de los acuerdos, ya que todo indica que se producirá en la medida que se reactive la economía y, por tanto, los ingresos, vía impuestos, de la comunidad autónoma. Para los sindicatos una medida como ésta no tiene sentido, ya que el ahorro para las arcas pública es mínimo en comparación con los mil millones que, según las previsiones, se dejarán de ingresar el año próximo.
Las previsiones de la conselleria de Economía es que la economía balear no se reactivará hasta el verano de 2010, cuando empiece la temporada alta, si es que para entonces se confirman los "brotes verdes" que están surgiendo en Gran Bretaña y Alemania, los dos grandes proveedores de nuestro turismo. Es decir, que el cumplimiento de los acuerdos con los funcionarios pende del hilo de la recuperación europea, sin ninguna garantía, por lo que no hay que descartar –si finalmente no se modifica la ley de presupuestos y el Parlament la aprueba tal cual le ha sido remitida– nuevas movilizaciones que serían especialmente dañinas en sectores como la sanidad o la educación.
Los funcionarios, o la mayoría de ellos, no sienten que su situación, la de tener un sueldo fijo asegurado, sea ningún privilegio, como pueda pensarse desde fuera desde este colectivo. Lo que en todo caso es evidente es que 23.000 funcionarios para una comunidad como la nuestra parecen excesivos, como lo es la dimensión de propio Govern. Pero eso es algo que debería haberse pensado antes y no ahora, con los funcionarios en pie de guerra, congelando o modulando unos acuerdos que, se supone, deberían servir para mejor la calidad de los servicios públicos y de manera muy concreta en sanidad y educación, dos colectivos, además, sometidos a fuertes presiones sociales.
