Testigos que afirmaron que se invitaba a policías a sexo gratis en un local de la Playa de Palma dicen ahora que no recuerdan nada
Coche patrulla de la Policía Local de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA
Varios testigos protegidos que afirmaron en el Juzgado que el table dance de Miguel Pascual en Platja de Palma invitaba a policías locales a bebidas y servicios sexuales gratis no han corroborado en el juicio aquellas acusaciones, porque no recuerdan nada.
En el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial, todos estos testigos, extrabajadores del local, declararon este jueves por videoconferencia y con la voz distorsionada. A la mayoría de preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, por si en el local había órdenes de que determinados clientes —funcionarios de la Policía Local y el Ayuntamiento— no tenían que pagar, los testigos respondieron que no recuerdan nada de los hechos que la Fiscalía sitúa entre 2007 y 2015. «Han pasado muchos años», se excusó una exempleada. Con todo, al requerimiento del fiscal, dos de ellos indicaron que lo que dijeran en su momento durante la investigación era «la verdad».
Una chica del table dance nombró a algunos de los encargados de aquella época, pero personalmente no tenía contacto directo con el propietario. En cualquier caso, no corroboró que sus jefes le dieran instrucciones de atender gratis a determinados clientes, si bien matizó que no eran ellas quienes se encargaban de cobrarles. En esta línea, la testigo afirmó que ella siempre cobró por sus servicios, pero los pagos los recibía directamente del local. En este sentido, no sabe si los clientes pagaban o no a la empresa.
No obstante, en un confuso interrogatorio, la mujer precisó que había clientes que presumían de que iban gratis: «Cuando íbamos con ellos nos decían: ‘yo no pago, voy invitado y puedo entrar una, y dos y tres veces’». Según la trabajadora, al principio no sabía que fueran policías, aunque a lo largo de los años sí que se enteró.
La mujer ratificó que en el local se hicieron fiestas privadas para policías —y políticos—, pero no que fueran a cargo de la casa.
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