Los taxistas celebran que se avalela inmovilización de VTC

La asociación de Taxis Pimem ensalza que el Supremo haya desestimado un recurso de Uber en Sevilla

Un conductor de Uber guarda las maletas de un turista en el aeropuerto de Palma.

Un conductor de Uber guarda las maletas de un turista en el aeropuerto de Palma. / Manu Mielniezuk

Agencias

La asociación de Taxis Pimem celebró la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Ares Capital --propietaria de algunas de las licencias de VTC con las que opera Uber--, que consideraba «desproporcionada» la inmovilización de sus vehículos por cometer infracciones al circular por zonas concurridas, lo que generaba demanda del servicio sin tenerlo previamente contratado. La agrupación profesional señaló que en el auto judicial se establece con «mucha claridad» que el taxi es «un servicio público» que «para nada es equiparable a las VTC», que se rigen por una legislación diferente.

El presidente de Taxis Pimem, Biel Moragues, aseveró que esta decisión «choca» con la sentencia del pasado jueves, en la que el mismo tribunal anulaba el requisito de precontratar los servicios de un VTC con 30 minutos de antelación, por lo que pidió esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En la sentencia de ayer, recalcaron que el Supremo «ratifica la necesidad de la previa contratación» y también se señala que «los taxis y las VTC son servicios diferentes y no pueden hacer el mismo tipo de trabajo y en las mismas condiciones». «Son dos tipos de servicios distintos uno regulado hasta los dientes y el otro una simple actividad empresarial», alegó Moragues.

Taxis Pimem incidió en que el Supremo confirma que el acta levantada por agentes de la Policía Municipal de Sevilla es «suficiente» para proceder a la inmovilización inmediata de vehículos VTC bajo sospecha de cometer infracciones, «sin necesidad de un procedimiento administrativo adicional». Esta decisión subraya que la inmovilización «no es una vía de hecho», sino un inicio de facto de un procedimiento sancionador.