El Consell de Mallorca se personará en la causa contra los estafadores que se ofrecían a anular multas urbanísticas
La institución considera que los timadores han manchado el nombre del Consell después de que cuatro personas se hicieran pasar por falsos funcionarios para dejar sin efecto infracciones
El Consell de Mallorca se personará como acusación particular en la presunta estafa que llevaron a cabo cuatro personas, entre ellas un arquitecto, los cuales habrían conseguido un botín de 370.000 euros ofreciéndose a anular sanciones del Consell por infracciones urbanísticas. En este sentido, justifican dicha personación por el daño que ha causado esta organización al nombre de la propia institución, después de que se hayan hecho pasar por falsos funcionarios. Así, los timadores afirmaban que tenían contactos en el seno de la institución que les permitían eliminar los expedientes abiertos a propietarios que habían realizado obras irregulares. No obstante, desde el Consell niegan cualquier tipo de implicación por parte de los trabajadores del organismo.
Estafan 370.000 euros con la falsa oferta de anular sanciones urbanísticas del Consell de Mallorca
Respecto a cómo los timadores pudieron obtener los datos de los expedientes, fuentes de la institución reconocen que dichos documentos no son públicos y desconocen la manera en el que han podido acceder a los mismos. Una de las hipótesis que se maneja es la opción de los intermediarios entre el Consell y las personas con un expediente abierto, que tendrían acceso a esta documentación, como puedan ser los arquitectos. Asimismo, fuentes del Consell de Mallorca insisten en que, cuando tuvieron conocimiento de la investigación, se prestó una colaboración total con la Policía Nacional.
Anular multas
Según informa la Policía Nacional, los detenidos se ponían en contacto con personas que habían sido sancionados por la Agència de Defensa del Territori (ADT), organismo dependiente del Consell de Mallorca, por haber realizado obras ilegales en fincas de la isla. Estas personas aseguraban tener contactos en el seno de la institución que les permitían anular las multas. Mediante este engaño lograron que varias personas que habían sido sancionadas les entregasen diversas cantidades de dinero para eliminar los expedientes que tenían abiertos.
La Policía ha constatado hasta ahora que habrían recibido más de 370.000 euros, pero los investigadores creen que podría haber más víctimas que no han denunciado y el volumen del fraude podría ser muy superior.
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