Estafan 370.000 euros con la falsa oferta de anular sanciones urbanísticas del Consell de Mallorca

La Policía Nacional de Palma ha detenido a cuatro personas, entre ellas un arquitecto, que presuntamente integraban una organización de estafadores que habrían conseguido un botín de 370.000 euros ofreciéndose a anular sanciones del Consell de Mallorca por infracciones urbanísticas. Los timadores afirmaban que tenían contactos en el seno de la institución que les permitían eliminar los expedientes abiertos a propietarios que habían realizado obras irregulares.

Según informa la Policía Nacional, los detenidos se ponían en contacto con personas que habían sido sancionados por la Agència de Defensa del Territori (ADT), organismo dependiente del Consell de Mallorca, por haber realizado obras ilegales en fincas de la isla. Estas personas aseguraban tener contactos en el seno de la institución que les permitían anular las multas. Mediante este engaño lograron que varias personas que habían sido sancionadas les entregasen diversas cantidades de dinero para eliminar los expedientes que tenían abiertos.

La Policía ha constatado hasta ahora que habrían recibido más de 370.000 euros, pero los investigadores creen que podría haber más víctimas que no han denunciado y el volumen del fraude podría ser muy superior.

Sobornos

La investigación de la Policía se inició tras recibir la denuncia de una de las víctimas. Esta persona explicó que había recibido una sanción por realizar obras en suelo rústico. A través de unos conocidos se había puesto en contacto con los sopechosos, que le ofreció la posibilidad de anular el expediente mediante el pago de un soborno a funcionarios del Consell.

Otro de los detenidos es un arquitecto que aparentaba realizar diversas gestiones ante la Administración, con el fin de convencer a las víctimas de que estaban trabajando en la resolución de su problema. Sin embargo, el análisis realizado por la Policía de estos expedientes permitió confirmar que los trámites realizados por este individuo no habían sido reales, ya que las sanciones impuestas por la ADT ya eran firmes y no cabía recurso.

Otro de los detenidos es el administrador de una empresa que presuntamente utilizó una cuenta bancaria para recibir el dinero de una de las víctimas.

Situación de desesperación

Tras recibir la denuncia, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional abrió una investigación, que concluyó que los detenidos se habrían aprovechado de la situación de desesperación de los propietarios, que se enfrentaban a multas de hasta 500.000 euros y al derribo de las obras realizadas, para convencerles de que solucionasen sus problemas con el pago de estas "mordidas".

Sin embargo, se han encontrado con que los expedientes urbanísticos siguen en vigor y la pérdida del dinero que entregaron a los presuntos estafadores. Además, alguno de ellos ha perdido la oportunidad de beneficiarse de una reducción de la multa por pronto pago y deben afrontar los intereses de demora y posibles embargos por no haber abonado las sanciones.

Fuentes del Consell de Mallorca insisten en que, cuando tuvieron conocimiento de la investigación, se prestó una colaboración total con la Policía Nacional. Las pesquisas confirmaron que no había funcionarios de la institución implicados, sino que los presuntos estafadores engañaban a las víctimas haciendo alarde de una supuesta influencia que no era real. Por otro lado, desde el Consell han anunciado su intención de personarse como acusación particular en la causa contra los presuntos estafadores.