Los constructores de Baleares exigen cambios en la «arbitraria» comisión de Medio Ambiente

La Asociación de Constructores de Baleares criticó ayer la arbitrariedad y el «fuerte componente subjetivo» de las decisiones que adopta la Comisión de Medio Ambiente de las islas (CMIB) y exigió «cambios urgentes» en este organismo autonómico, según puso de relieve la directora de esta patronal, Sandra Verger.

Los constructores mostraron su «rechazo frontal» al funcionamiento y régimen jurídico de esta comisión y recordaron que desde hace años vienen reclamando que debe regirse por criterios «exclusivamente técnicos».

El «primer problema» que denuncian los constructores es la arbitrariedad de las decisiones que adopta la propia composición del comité técnico y «la falta de conocimiento en general» de los proyectos al tratarse de temáticas muy variadas.

El comité está formado por funcionarios de las distintas Consellerias elegidos para cada reunión por sus superiores que deben tratar y votar temas respecto de los cuales «en muchas ocasiones no son expertos», subrayaron los constructores.

La Comisión, según defiende esta asociación, debería dictar normas objetivas a las que deben adecuarse «todos los informes» que se votan para evitar la referida arbitrariedad.

Indefensión

Los constructores criticaron también el problema de la indefensión porque no existe la posibilidad de que las resoluciones puedan ser recurridas por el promotor o el responsable del proyecto. «Esto genera una enorme indefensión para el ciudadano», aseguraron.

Al igual que en la comisión hay un representante con voz y voto en el comité técnico de la Comisión, también debería haber un representante del ámbito empresarial, se añadió.

Por todo ello, los constructores solicitan al Govern «cambios urgentes» en la Comisión de Medio Ambiente que permitan «acabar con la arbitrariedad en su funcionamiento y se rija exclusivamente por criterios técnicos neutros, sin ninguna carga ideológica».

Eliminar duplicidades

Por otra parte, los constructores pidieron eliminar «duplicidades, cumplir plazos y simplificar la tramitación», y advirtieron que hay muchos expedientes que podrían resolverse por parte de los técnicos municipales. Como ejemplo, los constructores citan el municipio de Palma, donde recientemente se ha aprobado sustituir el trámite de autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos para todas aquellas solicitudes de licencia de obra mayor por la comprobación municipal del cumplimiento de las condiciones del Plan General y del Plan Hidrológico.

Los ayuntamientos «deberían adoptar criterios similares» que permitan acortar las «injustificadas demoras que sufren los ciudadanos» y que supone un incumplimiento de la ley, se indicó en un comunicado.

En cuanto a las administraciones públicas, los constructores opinan que debería existir un «compromiso» por su parte para resolver los expedientes en los plazos que establece la ley.

El silencio administrativo, plantean, obligaría a cumplir con los plazos. «Además, muchos de los problemas de seguridad jurídica se resolverían si las administraciones cumplieran los plazos legales», señalan los constructores.