El caso Senderismo de corrupción acaba con condenas de multa para tres ex altos cargos de UM y Més

El caso Senderismo, una trama de corrupción política con varios ex altos cargos de Més y UM implicados, acaba con condenas de multa. Cinco encausados, entre ellos la ex consellera del Consell Joana Lluïsa Mascaró -que dimitió tras su imputación en la causa-, han aceptado pagar sanciones de algo más de 2.000 euros por delitos de prevaricación y fraude tras reconocer que regaron con más de 60.000 euros a una entidad afín en subvenciones irregulares. Estos cinco procesados han reconocido los hechos hoy ante la Audiencia Provincial tras consignar el dinero desviado hace casi 15 años, entre 2008 y 2010, durante el segundo Pacte de Progrés. Por ello se han aplicado atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. Además, otros dos sospechosos han quedado finalmente absueltos después de que la Fiscalía retirase los cargos contra ellos. El pacto cuenta con el visto bueno de la Abogacía de la Comunidad, el Consell y el Ayuntamiento de Valldemossa, que estaban personados como perjudicados.

Los condenados son Antoni Rebassa, que era alto cargo del Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears (Inestur) de la conselleria de Turismo, Joana Lluïsa Mascaró, vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell; Joan Serra, secretario general de ese departamento; y Lluís Planas y Emili Gallardo, director y secretario de la asociación Pas Amics dels Camí. Como ellos mismos han admitido ante el tribunal, se concertaron para «favorecer de manera indebida con fondos públicos» a esa entidad, fraccionando contratos para poder adjudicarlos sin concurso público.

En el Consell de Mallorca se concedieron a la entidad contratos para implementar rutas de senderismo, trabajos que se justificaron con facturas fraudulentas, y diversas subvenciones para rutas culturales cuyos contenidos eran descargados de internet. El Inestur, por su parte, otorgó contratos a Pas Amics del Camí para la señalización de rutas por la Serra de Tramuntana, encargos que se pagaron pese a no realizarse adecuadamente.

Los trabajos contratados y subvencionados eran «innecesarios», pues los caminos ya estaban recogidos en catálogos e incluso señalizados por el Consell. Además, apunta que la asociación beneficiada carecía de medios personales y materiales para estos proyectos y que ninguno de sus miembros tenían la cualificación necesaria. De hecho, los informes de la Guardia Civil concluyeron que «las georreferenciaciones y señalizaciones efectuadas son altamente deficientes». Incluso señala que llegaron a realizar marcas con pintura en los caminos en terrenos privados y zonas de protección natural. También se produjeron un rosario de irregularidades en las facturas que la asociación presentaba ante las distintas instituciones para justificar las cantidades que recibía.

Cinco de los acusados por esta trama corrupta se han declarado autores de delitos de prevaricación y fraude y han aceptado sendas condenas de nueve meses de prisión que quedan sustituidas por multas que rondan los 2.000 euros. Por su parte, Antoni Oliver, exgerente del Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears (Inestur) de la conselleria de Turismo y Sebastià Amengual, responsables de ese organismo han sido exculpados al retirarse los cargos contra ellos. La Fiscalía reclamaba inicialmente seis años de cárcel para cada uno de los procesados.