El grueso de los presupuestos de Educación, con un importe de 1.354 millones de euros (94 millones más que el año pasado), se destinará a la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, a las infraestructuras, a dotar a los centros de más recursos, a ampliar la oferta de FP y mejorar la dotación de recursos en las escuelas, nóminas aparte. A falta de confirmación oficial, las primeras informaciones apuntan a que las cuentas de esta Conselleria también contemplan una pequeña partida para el plan piloto de libre elección de lengua que empieza el próximo curso, aunque es reducida porque se prevé que se adhieran pocos centros y porque solo incluye cuatro meses (desde que empiece el próximo curso en septiembre hasta diciembre de 2024, ya que a partir de enero las cuentas dependen de los siguientes presupuestos).
Relacionadas
Según fuentes de Educación, que todavía no ha concretado las partidas con cifras, gran parte de la financiación se destinará a la gratuidad del primer ciclo de Infantil, ayudas para crear plazas públicas y reconvertir plazas asistenciales en educativas, además de ampliar la oferta de FP, impulsar políticas de inclusión educativa y atención a la diversidad. El objetivo de la Conselleria que dirige Antoni Vera es dotar de más recursos a los centros, tanto públicos como concertados, en términos económicos de funcionamiento, de personal y de equipamiento.
En principio, se destinará una importante partida a desarrollar los acuerdos marcos (en la pública y en la concertada) que alcanzó a firmar el anterior conseller con la comunidad educativa y que sobre todo contempla mejoras en las condiciones de los docentes.
En principio, los presupuestos también incluirán novedades como triplicar los coordinadores de las pruebas PBAU (antigua Selectividad) o un convenio para agilizar las reparaciones en los centros educativos.
Solucionar «problemas reales»
Por su parte, a la espera de que Educación concrete sus cuentas, el sindicato ANPE pidió una partida presupuestaria a solucionar los «problemas reales» que preocupan al profesorado. La organización considera que es «imprescindible» atender las demandas de los 176.000 alumnos que se forman en las islas: mejorar las infraestructuras, los recursos y especialmente las condiciones sociolaborales de los docentes.
En este sentido, ANPE reivindica partidas para reducir las ratios, rebajar la carga burocrática de los docentes, luchar contra las dificultades derivadas de la insularidad y también recuperar el «prestigio» de la profesión, además de cumplir con el calendario que prevé el acuerdo marco. «Pedimos al Govern que no se olvide de la educación pública, ya que ésta absorbe la mayor parte de los estudiantes y garantiza la igualdad de oportunidades», manifestó ayer el presidente de ANPE, Víctor Villatoro.