El juicio acaba con Cursach ovacionando al fiscal que pidió perdón entre lágrimas a los acusados
El juicio acaba con Tomás Herranz calificando el proceso de «fracaso total», denunciando la «injusticia» y despedazando a Penalva y Subirán
La euforia de los acusados en el caso Cursach tras quedar el juicio visto para sentencia / B. Ramon
El capítulo final del caso Cursach fue tan insólito como el resto del proceso. El colofón del juicio llegó con el fiscal Tomás Herranz pidiendo perdón a los acusados con voz entrecortada y entre lágrimas y la posterior ovación del propio Cursach, el resto de procesados y sus abogados. Herranz explicó que con su retirada de todos los cargos pretendía «reconocer que los acusados han sufrido la injusticia» y «reparar el daño» porque «no han hecho nada delictivo». En su alegato final, despedazó a los responsables de la investigación -Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo-, a las acusaciones particulares y a los medios de comunicación por provocar «la muerte civil de los acusados». «Este procedimiento es un fracaso total de la administración de justicia. La prueba es que no hay prueba», sentenció. La presidenta del tribunal, Samantha Romero, también tuvo que secarse las lágrimas cuando los encausados desfilaron ante el tribunal, ejerciendo el derecho a la última palabra, para dejar constancia de las graves consecuencias personales que el procedimiento ha supuesto para ellos.
El fiscal Juan Carrau, con un activo papel durante la investigación y que firmó los dos escritos acusatorios -primero con Subirán y luego con Herranz-, escuchó impasible cómo su compañero inmolaba a Anticorrupción, triturando el papel de la propia Fiscalía. A lo largo de dos horas, Herranz desgranó uno por uno los hechos por los que al comenzar la vista pedían condenas para 16 de los encausados. «Ningún testigo ha acreditado estos hechos en el juicio. La prueba es que no hay prueba», dijo el fiscal, que alabó el trabajo de las defensas para «acreditar» que las actuaciones de los policías locales «estaban justificadas». Herranz insistió en que los negocios que denunciaron el acoso de los agentes cometían infracciones y negó que ninguno de ellos fuera competencia de Cursach, al que desligó de nuevo de la Policía Local de Palma. «La prueba sobre la influencia de Cursach en los policías locales es cero», afirmó.
Sobre algunos de los episodios bajo sospecha que no han sido negados en el juicio dijo que tampoco aprecia delito en ellos. En particular, se refirió a los avisos en la discoteca Tito’s de que iba a producirse una inspección o las maniobras de los mandos policiales para que dos policías «matizaran» un acta levantada contra un negocio de Cursach en s’Arenal. Herranz afirmó además que las acusaciones particulares personadas en el proceso tenían «una pugna comercial» con el Grupo Cursach. Un enfrentamiento que «ha trascendido a esta causa, pero en el que no existe ningún hecho delictivo», dijo.
APB
Persecución
Justificada su retirada, Herranz cargó una vez más contra Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Comparando su actuación con la «época de terror» y la «persecución» de los cristianos en el siglo I, el fiscal criticó el uso «injustificado de testigos protegidos», a los que equiparó con denunciantes anónimos, y la «valoración acrítica» que de sus declaraciones hicieron los investigadores. «Entraron en la causa como testigos protegidos personas que no corrían ningún riesgo», afirmó. «Aquí se han producido detenciones y se han decretado prisiones en base a las declaraciones de testigos protegidos anónimos, sin la verificación de su credibilidad», aseguró sobre la fase de instrucción. También cargó contra el «abuso» del secreto de sumario de la causa por perjudicar la labor de las defensas.
En la recta final de su intervención, Herranz acusó a los investigadores de «calumniar» a los acusados. «Algunas acusaciones particulares llegaron a las orejas del equipo instructor, les susurraron su versión y les aturdieron el cerebro. Perdieron el sentido y el resultado fue que se menoscabó injustamente la fama de los aquí acusados, que no han hecho nada delictivo», afirmó. El fiscal también atizó a los medios de comunicación: «Cerca de lo peor es que todo esto publicaba continuamente y no se hiciera nada para impedirlo, si es que no se alentaba. Se consiguió un efecto que sigue hasta hoy: la muerte civil de los acusados. Este procedimiento es un fracaso total de la administración de Justicia», consideró.
Herranz dejó sobre la mesa estos argumentos para justificar con ellos la retirada de todas las acusaciones y la consiguiente conversión de los fiscales en abogados defensores. «Es un hecho extraordinario, grave, que se produce muy pocas veces», señaló sobre la enmienda a la totalidad de su escrito de acusación provisional, que contó con el visto bueno del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Con la voz entrecortada y derramando alguna lágrima, Herranz acabó pidiendo perdón a los encausados: «Este informe, más que justificar ante la sala la retirada de la acusación, tiene otro objetivo. Reconocer ante las acusados que han sufrido la injusticia. El cambio de la Fiscalía obedece a un intento mínimo de reparar el daño».
A la inédita intervención de Herranz le siguió otro momento insólito. Bartolomé Cursach, el resto de acusados y los abogados defensores brindaron una sonora ovación al fiscal, que se tapaba la cara emocionado. Los aplausos se prolongaron durante varios segundos, hasta que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, decretó un receso.
Para terminar, el abogado de la acusación particular que ejerce la sociedad sa Trobada informó sobre su petición de condena para los dos únicos policías que quedan encausados. Reclama para ellos dos años de cárcel por un delito continuado de coacciones. El letrado de la defensa reclamó la absolución de ambos. «La acusación es insostenible», aseguró.
Tras la última palabra de varios de los acusados, poco después de las dos de la tarde, tras 36 sesiones de juicio repartidas a lo largo de cinco meses y medio, la magistrada que ha presido la vista, Samantha Romero puso el broche: «Visto para sentencia».
Marcos Ollés
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
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Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
Marcos Ollés
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
Marcos Ollés
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
