La Fiscalía muere matando en el caso Cursach. Sellada la absolución de todos los acusados excepto dos, el ministerio público pide una nueva investigación contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y la antigua inspectora del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz sostienen que en el juicio del caso Cursach han aparecido indicios de que presionaron a testigos e investigados y decretaron «indebidas» detenciones y encarcelamientos durante la instrucción. Además, acusan formalmente a cuatro de los testigos que han declarado en el juicio, entre ellos la exinspectora de Blanqueo, de falso testimonio por sus declaraciones en la vista oral. Por eso reclaman al tribunal que en la sentencia acuerde remitir las comparecencias de 25 testigos a los juzgados de instrucción para que se investiguen posibles delitos.

Penalva, Subirán y la policía ya están acusados y al borde del banquillo en una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia. Pero la Fiscalía sostiene que han aparecido en el juicio del caso Cursach indicios de que cometieron delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones. En su escrito de conclusiones definitivas, cita como «víctimas» a Pepe Tirado, el presidente de Acotur; Pedro Torres, funcionario del Ayuntamiento de Palma; y dos policías locales. Los dos primeros estuvieron varias semanas en prisión preventiva «sin motivo», según aventuró el fiscal Herranz.

Bartolomé Sbert y su abogado, Antonio Martínez. B.RAMON

Los agentes fueron detenidos y, de acuerdo con su versión, amenazados y presionados para «guiar» sus declaraciones. Herranz cargó con dureza contra Penalva y Subirán. «No es reprochable a un juez que acuerde una medida cautelar con base a una información que tiene en un determinado momento y luego se demuestre insuficiente. Pero este caso es distinto, es especial. Hemos visto que la investigación del caso no se ha llevado conforme a las más elementales reglas del buen hacer de un juez. Y por eso entendemos que esa investigación se debe hacer», sentenció.

Aseguró que Subirán tenía «obsesión» por hacer constar en las declaraciones de los testigos aquellas cosas que permitían hacer avanzar la investigación en el sentido que él quería. También apuntó que hubo irregularidades en las identificaciones fotográficas de los policías que realizaban los testigos y censuró que en las declaraciones judiciales se incluyeran hechos que no tenían relación con delitos, como supuestos encuentros con prostitutas, con el objetivo de «denigrar el honor» de los investigados.

Los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz. | B. RAMON

Respecto a los cuatro testigos acusados de falso testimonio, Herranz fue especialmente duro con la exinspectora de Blanqueo, que durante seis horas de declaración sobre los informes que elaboró en su día por el «acoso» de la Patrulla Verde a determinados negocios apeló una y otra vez a su desmemoria. «Fue especialmente sangrante», consideró el fiscal. «No es tolerable que llegue aquí y no se acuerde de nada. No era un problema de memoria. Lo hacía especialmente mal. Ponía de su cosecha unas conclusiones que no le correspondían», afirmó sobre los informes. «Desconocemos si eran propias o eran obra del juez de instrucción», deslizó. De los otros tres testigos a los que ahora acusa señaló que dijeron «mentiras groseras» o alegaron amnesias que no están debidamente justificadas.

Gabriel Mayol, uno de los dos policías aún acusados. | B. RAMON

Los abogados defensores engordaron con una veintena de nombres la lista de testigos que, a su juicio, deben ser acusados de falso testimonio. Entre ellos, algunos de los empresarios denunciantes y personas como acusación particular, ‘El Ico’, o los policías locales que narraron irregularidades de sus compañeros.

Durante la sesión de este martes, el abogado de Cursach reclamó al tribunal que condene a las acusaciones particulares a pagar las costas del procedimiento judicial, que calificó de «esperpéntico». Afirmó que las acusaciones han actuado de forma «temeraria». «Esto no puede quedar así. El resultado de este proceso es el ejercicio malicioso de la acusación particular. Nos hemos visto sometidos a un proceso de cinco años de una manera manifiestamente injusta», aseveró.

Uno de los agentes absueltos, con su abogado. | B. RAMON

El abogado de Bartolomé Sbert se unió a esta petición, mientras los aludidos pidieron a la sala que la rechace. La abogada Teresa Bueyes, abogada de los empresarios de Magaluf, afirmó que «no existe causa de temeridad» y argumentó que la absolución de los encausados «más bien es achacable a una falta de prueba», que no es responsabilidad suya. «No se puede decir que nuestra denuncia sea falsa. Ni ha existido mala fe ni temeridad. «Hemos sido víctimas», sentenció.

Por otra parte, el alcalde de Palma, José Hila, señaló que el Ayuntamiento pagará el coste de las defensas de los policías locales que han sido absueltos, ya que «es parte del convenio colectivo de los funcionarios» de Cort.